De la reunión que mantuvieron ayer Alberto Fernández con el macrista Federico Pinedo sólo surgieron acuerdos en los temas que no tienen que ver con la seguridad.
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Justicia. En principio, el gobierno se comprometió a transferir todas las competencias en materia correccional de delitos cuyas penas no superen los tres años de condena (injuria, calumnias, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores, juego clandestino, lesiones leves, entre otras). Es decir, se pasarán las competencias, no los juzgados, para que la Ciudad investigue y condene por ese tipo de delitos que están una escala más arriba que los contravencionales. Ayer, organizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, se realizó una reunión con la Asociación de Fiscales, de la que también participaron Federico Pinedo, Eugenio Burzaco y Jorge Enríquez. Se acordó allí un proyecto de ley para que el traspaso de las competencias se haga en forma progresiva.
Transporte. Se coincidió en la creación de un ente que compartan la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación, para el control de colectivos y trenes que atraviesan la Capital Federal. Hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires sólo puede controlar a unas 25 líneas de colectivos que empiezan y terminan su recorrido en el distrito, de las 130 que a diario transitan por él. Pero el transporte está subsidiado de distintas maneras por el gobierno nacional. La sugerencia del macrismo es que ese ente administre los subsidios del Presupuesto nacional.
Subterráneos. En este caso, el gobierno está dispuesto a transferir el control de los trenes que actualmente tiene la Nación. Las cinco líneas de subtes que tiene la Capital Federal fueron concesionadas por el gobierno nacional a la empresa Metrovías SA. La Ciudad, desde la gestión de Fernando de la Rúa en 1996, viene ampliando la red y ha construido, durante la gestión de Aníbal Ibarra, el tramo de una línea nueva, la H, que inaugurará Jorge Telerman. Para las ampliaciones, la concesión sigue en Metrovías SA y seguramente recibirá la concesión de la línea H, ya que es difícil que una empresa tome sólo un tramo del recorrido, pero esa adjudicación corre por cuenta de la Ciudad, que a la vez licita las construcciones por medio de la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).
Sin embargo, la Ciudad no puede controlar el funcionamiento de los trenes, ni las escaleras mecánicas ni fijar las tarifas del transporte, competencia que tiene en la Nación el área de Ricardo Jaime.
Pero los subterráneos están también subvencionados. El año pasado recibieron cerca de $ 46 millones, mientras que otros $ 15 millones se otorgaron en el primer trimestre de este año. Durante la gestión de Ibarra hubo un principio de acuerdo con Jaime para la transferencia del control de subtes, pero se trabó precisamente cuando la discusión avanzó sobre por cuánto tiempo mantendría el gobierno nacional los subsidios una vez transferidos el control y la fiscalización a la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del traspaso, Mauricio Macri tendrá, por ejemplo, la facultad de determinar cuánto costará el viaje en el subte, del mismo modo que la Capital Federal fija la tarifa de los taxis del distrito.
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