Espionaje ilegal: Fiscalía pide procesamiento de Arribas, Majdalani, Martinengo y falta de mérito para Nieto

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el pedido en el marco de las causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal.

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Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron este viernes el pedido de procesamiento de los Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, en el marco de las causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sociales y sindicales, periodistas y en las cárceles.

Asimismo, los fiscales pidieron el dictado de falta de mérito para el secretario privado de Macri, Santiago Nieto, y que sea procesada Susana Martinengo, exempleada de la oficina de Documentación Presidencial, a un grupo de exagentes involucrados en las maniobras, a exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, como su extitular Emiliano Blanco.

Estos pedidos fueron detallados en un dictamen de 1026 páginas presentado ante el juez federal Juan Pablo Auge y al que tuvo acceso exclusivo Ámbito.com.

Los representantes del ministerio público fiscal precisaron que los imputados, en el período comprendido entre los años 2017 a 2019, “formaron parte de una organización ilícita, con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado".

También, señalaron, esos actos fueron cometidos contra esas personas por "su pertenencia o vínculos con organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, su carácter de periodistas, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas prohibidas” por la Ley de Inteligencia.

Para lograr este cometido, los funcionarios "utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires”.

Mediante el uso de distintos roles, los integrantes de esta organización “obtuvieron, intercambiaron, analizaron y almacenaron información sobre integrantes y/u organizaciones lícitas de distinto tipo (partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, culturales, estudiantiles, de Derechos Humanos, de familiares de personas privadas de la libertad y/o laborales) que desarrollaban sus actividades lícitas tanto en espacios públicos intramuros como extramuros".

La investigación, respaldada por distintos testimonios y pruebas recabadas, da cuenta que la exsubdirectora de la AFI, Majdalani, emitió una orden para el exjefe de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, para que colocara dispositivos de captación de imágenes y voces en celdas, oficinas, sala de abogados y espacios comunes de la Alcaidía Departamental 3 de La Plata, “Melchor Romero”, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El grupo para recopilar la información fue armado adrede para la tarea y, de acuerdo a lo investigado, en su mayoría sus integrantes venían de trabajar en la Policía de la Ciudad.

El grupo primeramente fue coordinado por el Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Posteriormente fue liderado por Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fuera contratado por Arribas y Majdalani.

“Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas”, apuntó.

En cuanto al espionaje a personas privadas de la libertad, indicaron que “se utilizaron distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley, la que al menos una parte sustancial terminó luego en manos de agentes de AFI y con propósitos de espionaje adicionales”.

En el Servicio Penitenciario Federal se pudieron valer de las cámaras para vigilar movimientos de internos individualizados en el contexto de investigaciones judiciales con objeto determinado

De esa forma, el personal de inteligencia del SPF y AFI obtuvo también el acceso a videovigilancia de las víctimas detalladas en el legajo 9 (entre ellos el exvicepredente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez).

"por medio del Área de Asuntos Jurídicos de AFI, procedieron a la escucha de conversaciones telefónicas mantenidas por las personas privadas de la libertad, alojadas en el IRIC que correlativamente incluyeron a sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con las que ellos se vinculaban”, explicaron.

La investigación presentada

14149 Solicitamos se dicte procesamiento.pdf

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