Si no acuerda con Estado, Correo va a la quiebra 7-A (vale 0 pesos)

La empresa de los Macri acumula pasivo de $4 mil millones y u$s288 millones. Si al 23 de marzo no se abona deuda, caerá cinco días después.

La jueza Comercial Marta Cirulli estableció ayer que el paquete accionario de Correo Argentino SA de la familia Macri “carece de valor positivo” y es igual a “cero” debido a que su “pasivo es superior al activo”, de acuerdo a la resolución a la que accedió Ámbito. En el mismo escrito, la magistrada estableció la fecha del 23 de marzo para que se sustancie la última audiencia informativa del proceso, en la cual los aspirantes dentro del Cramdown deberán presentar los avales de los acreedores para evitar ir a la quiebra. Esto ineludiblemente incluye al Estado, que de no prestar conformidad, algo que había hecho durante el Gobierno de Mauricio Macri y por lo que derivó en una causa penal a partir de lo ruinoso de ese acuerdo, significará que se encamina a la quiebra.

El plazo de rigor para que eso ocurra son 5 días hábiles luego de la audiencia. Por ende, el 7 de abril caducarían los tiempos y la decisión de la justicia sería decretar la quiebra, en el proceso concursal más largo de la historia argentina. Con el feriado del 2 de abril de por medio, la fecha tope será el 7 del próximo mes. Pese a que ha sido un expediente cargado de maniobras dilatorias -que incluyó una valuación negativa de sus acciones hace 18 años y una quiebra que fue luego revertida- la decisión de Cirulli es ahora inapelable.

La jueza se basó en el informe presentado por el Estudio Evaluador designado en el expediente, según el cual, con datos y cálculos hasta octubre de 2020, el activo es de $11.757.017.031 y u$s 10.888.956 dólares, en tanto que el pasivo asciende a $4.594.871.583 y u$s 288.418.743, respectivamente.

Para la estimación, el Estudio Evaluador tuvo en cuenta el eventual resultado de los juicios promovidos por el Correo Argentino SA (el principal contra el Estado Nacional, con una expectativa de éxito que el dictamen estimó en un 80 por ciento) y los que la tienen como demandada.

La ley establece que 20 días después de valuada la empresa los oferentes deben presentar la conformidad de la mayoría de lo acreedores (dos tercios de los casi 800) a sus propuestas de salvataje.

A partir de ese momento corre un plazo de 5 días hábiles y, si no está resuelto positivamente, se procede a la quiebra.

En relación al informe del Estudio Evaluador, la conclusión fue lapidaria: estableció que “atento a que el pasivo es superior al activo, el valor estimado del paquete accionario (de Correo Argentino SA) es cero”. A pesar de que la Procuración del Tesoro (que representa y defiende los intereses del Estado Nacional), MV Cargo SAS, la propia concursada, Socma Americana SA y Transporte Chimiray SRL formularon observaciones o impugnaron el dictamen de los expertos, Cirulli subrayó que “con los datos ponderables a lo largo de este proceso mercantil no hay otra conclusión posible que la dictaminada”.

“La única posibilidad legal de obtener mayores precisiones sobre la composición aritmética concreta y definitiva del activo y del pasivo de la concursada -agregó- es aguardar fatalmente al finiquito de la mayoría de los juicios que tramitan entre Correo Argentino SA y el Estado Nacional, dentro del fuero Contencioso Administrativo Federal, lo cual dista de ocurrir en lo inmediato según el estado procedimental de sendas contiendas”, señaló la magistrada.

La jueza señaló que “dentro del particularísimo y extraordinario escenario que exhibe este concurso preventivo y con las limitaciones impuestas tanto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial como por la Corte Suprema de Justicia, carezco de elementos ponderables que autoricen a adoptar una solución distinta de la postulada por el Estudio Evaluador”.

Semanas atrás, la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó por “tardía” la presentación de SOCMA Americana SA para que Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo y también denegó un planteo de esa compañía que, como accionista de Correo Argentino SA, pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJCBA) en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquin, que también le resultó adverso.