Sindicalistas de Venegas bloquearon el ingreso al nuevo jefe de la ex Renatre
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Gerónimo "Momo" Venegas lideró la embestida contra la ley que fijó el nuevo convenio laboral para los peones rurales de todo el país.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló que "esta ley es una conquista para todos los trabajadores rurales" y remarcó que "la prueba más contundente es que las corporaciones que siempre tuvieron una actitud de explotación, se han opuesto con fuerza".
"En términos técnicos, es dar un marco jurídico y normativo al trabajador rural como ya tienen el resto de los trabajadores. En términos de protección social, es la ampliación del control y fiscalización que el peón rural siempre necesitó del Estado. Y en términos políticos, es otra muestra de la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de no ser neutral en la defensa de los derechos de los trabajadores", agregó Tomada.
Finalmente, el ministro Tomada expresó su "sorpresa e indignación por esta extemporánea actitud de las autoridades del organismo disuelto que deberán asumir sus responsabilidades legales por este hecho" y señaló que "se trataba de cumplir con el más estricto acatamiento a una ley sancionada por nuestro Parlamento con amplias mayorías oficialistas y opositoras".
"Vamos a cumplir con el artículo 106 de la Ley 26727 que sustituye un sistema ineficaz e ineficiente, regido por las cámaras patronales y UATRE, por otro sistema donde se lo integra al régimen general de la seguridad social y al sistema de inspección laboral estatal, y no en manos de los que generan o toleran el trabajo no registrado", concluyó Tomada en un comunicado.
El decreto del Boletín Oficial de este viernes designó a Maffe como delegado normalizador y explica que su tarea "se torna imperiosa" para ejercer "las funciones de administración y auditoría imprescindibles para garantizar el ejercicio de las acciones que debe desempeñar el Renatea como continuador jurídico del Renatre".
Maffe, quien se desempeñó como síndico titular del Ministerio de Trabajo, tendrá un plazo de 60 días para cumplir los objetivos dispuestos en la ley.




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