El concurso para la compra de los radares 3D transportables, de largo alcance, de banda «S» de estado sólido, fue convocado el 6 de diciembre de 2006. Ese esquema de vigilancia electrónica es un asunto pendiente que ha sido materia de preocupación tanto de socios del Mercosur (Brasil) como de los Estados Unidos, por la ausencia de control del espacio aéreo en las provincias fronterizas del Norte argentino (la Triple Frontera). Se necesitan equipos de prestaciones militares destinados a disuadir e impedir los vuelos furtivos de contrabando, narcotráfico, tráfico de inmigrantes ilegales, comercio ilegal de armas y delitos conexos. Se registran más de 300 vuelos ilegales al año en esa zona. Los aparatos integrarán el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial que hoy sólo cuenta con dos radares fijos de la Fuerza Aérea, uno ubicado en la ciudad de Resistencia (Chaco) y el otro en Posadas (Misiones). La ministra Nilda Garré intentó cubrir la falla con el lanzamiento -de gacetilla-de la fuerza de tareas Fortín: un despliegue de tres radares móviles Cardion Alert Mk III del Ejército Argentino en provincias del Norte que nunca llegaron a emitir un solo electrón porque no se contaba con el presupuesto necesario para la operación. Esos equipos quedaron varados en el cuartel del Regimiento 29 de Monte en Formosa, muy lejos de su base: la Agrupación Artillería de Defensa Antiaérea 601 ubicada en Camet, Mar del Plata.
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El primer plan nacional de radarización lanzado por Carlos Menem quedó trunco tras la licitación ganada por la compañía norteamericana Northrop y la italiana Alenia. La francesa Thompson recurrió a la Justicia porque se consideró afectada en el proceso licitatorio. Esto desencadenó la anulación del proyecto durante el gobierno de la Alianza. Cuando llegó el gobierno de Kirchner, el ex jefe de la Fuerza Aérea brigadier Carlos Rohde había impulsado la contratación directa de la firma Northrop para renovar los equipos fijos, pero el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se opuso. En 2004, Kirchner firmó el Decreto 1.407 que dio el puntapié inicial al demorado proyecto de dotar al país de un sistema integral de vigilancia aérea. Este nuevo plan estimaba contar en 2009 con el sistema en completo funcionamiento.
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