El gobernador Felipe Solá afirmó ayer que no incrementará los sueldos estatales y generó una reacción en cadena del ala gremial que, desde hace meses, negocia con emisarios del gobierno un aumento en los salarios de los 400 mil empleados públicos de Buenos Aires.
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Ayer, luego de visitar a la Corte bonaerense, Solá ratificó una postura que el miércoles expresó el ministro de Economía, Gerardo Otero, respecto de la negativa a ceder al pedido de los sindicatos en relación con un aumento salarial.
No es el único punto conflictivo: hace veinte días, UPCN presentó ante la Corte un amparo para que la provincia suspenda el recorte que aplicó a los sueldos y a las jubilaciones bonaerenses. Pero todavía el tribunal no emitió un dictamen al respecto.
Por eso, el jefe de UPCN, Carlos Quintana, acusó ayer a la Corte de «negociar políticamente» el fallo. «Como están pidiendo un aumento del presupuesto para la Justicia, no quieren tratar el amparo que nosotros presentamos», acusó por radio el sindicalista.
Consultado si se trataba de una extorsión de la Corte al gobierno, Quintana afirmó: «Eso parece. Al menos nosotros no le encontramos otra explicación a la demora de la Corte para resolver el amparo».
•Intención
La presentación judicial del gremio pretende que el gobierno suspenda el recorte que aplicó a los salarios en agosto de 2001 y restituya el monto que no pagó en los últimos meses, cifra que ronda los 1.500 millones de pesos, según calculan de los propios gremios.
El secretario general de la gobernación, José María González Fernández, fue el encargado de gestionar ante los gremios una vía de negociación aunque con un límite preciso: que no habría aumentos.
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