Solá decretó estado de emergencia vial en la provincia
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No obstante aclaró que aún se deben dar algunos pasos para que esta disposición comience a funcionar, y la primera tiene que ver con la designación de los jueces de falta, algo que Solá estimó "podría estar medianamente resuelto en 15 días", aunque no en su totalidad.
Solá dijo que en los próximos días especificarán la operatoria de los jueces provinciales de faltas, "según las estadísticas de faltas a lo largo del año en los diferentes corredores viales", agregó el funcionario provincial.
Como primera medida este Plan de Emergencia Vial comenzará a ser puesto en práctica en la ruta 2 (Buenos Aires-Mar del Plata), la 63 (Dolores-Esquina de Croto), la 56 (Esquina de Croto- Madariaga), la 74 (General Madariaga-Pinamar) y la 11 (interbalnearia).
En estas rutas también se hará "una revisión de las señales" de tránsito.
Solá no descartó que también se sume la ruta 296, y aclaró que el "espíritu de la ley es que esto se extienda a todas las rutas de la provincia".
El Poder Ejecutivo provincial busca fortalecer también el Registro Unico de Infracciones de Tránsito (RUIT), que contempla la creación de Jueces de Faltas provinciales, que sancionarán -llegado el caso- a los infractores.
Entre los puntos principales del Plan de Emergencia Vial figura la puesta en marcha de radares automáticos y semiautomáticos que no pueden ser modificados de manera manual.
"El valor de las multas no está fijado aún, pero es lo menos importante ahora, ya que lo que importa es la toma de conciencia de las personas", señaló Solá.
Además, aquél conductor que cometa una infracción, ya sea por exceso de velocidad, ebriedad o falta de documentación, entre otras, tendrá un plazo de 10 días para declarar ante el juez interviniente, quien dispondrá la sanción que corresponda y que "no será apelable", indicó Solá.
La declaración ante la justicia vial deberá ser en la jurisdicción donde se cometió la infracción, y no en otro lugar.
Incluso se tratará de ordenar los registros de infractores, para que un conductor que está sancionado en una jurisdicción por un delito no pueda renovar el registro de conducir en otro lado.
"La idea es que se creee una cultura diferente, por la cual la gente sepa si comete una falta y esa falta es tomada por seguridad vial, en 10 días está en problemas. Tiene que hacer un descargo o pagar una multa o inclusive hasta perder la licencia, por un tiempo o definitivamente, esto último se decidirá legislativamente", agregó Solá.
Para reforzar este plan Solá dispuso el incremento de 500 oficiales de policía, que además implica el aumento del presupuesto de la provincia, para poder pagar las "horas cores" (extras).




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