Solá frenó a piqueteros y no devolverá planes

"O reincorporan a todos los compañeros o acá va a haber quilombo», enrojeció Raúl Castells. «No. Primero se revisa caso por caso y, recién después, si hubo alguna equivocación, se reincorpora a los que fueron bajados por error», lo tacleó el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco.

Así se inauguró ayer, sobre mediodía, el diálogo entre los delegados del gobierno bonaerense y los piqueteros que coparon La Plata con la intención de forzar a Felipe Solá a pagar el miércoles próximo los 22 mil planes dados de baja luego de detectar irregularidades.

Tras varios meses apuntando a la Casa Rosada, ayer los clanes piqueteros más duros -encabezados por Raúl Castells del MIJD y Néstor Pitrola del Bloque Piquetero- peregrinaron a la capital provincial con la amenaza de sitiarla si no conseguían que el gobierno dé marcha atrás en su decisión.

No ocurrió ninguna de las dos cosas: la marcha -menos numerosa que lo anunciadoduró unas pocas horas, y Solá, a través de sus negociadores, sólo concedió que se revisaran caso por caso los planes anulados, proceso que comenzó a desarrollarse ayer mismo tras el acuerdo entre el gobierno y los piqueteros.

«La decisión del gobernador es respetar la transparencia y la legalidad de los planes. El gobierno no pagará en aquellos casos que se haya comprobado una irregularidad», avisaron Di Rocco, su par de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, y el viceministro de Gobierno, Roberto Mouillerón.

• Análisis individual

A partir de eso, se convino que representantes piqueteros y funcionarios analizarán individualmente cada caso planteado por las organizaciones. Para completar esa revisión, las partes acordaron un plazo de 48 horas que, obviamente, puede eventualmente extenderse.

De los 22 mil planes «tumbados» había entre 9 y 10 mil que se otorgaban a jubilados, empleados públicos o beneficiados del Plan Jefas y Jefes, entre otras anomalías. En los demás casos -alrededor de 12 mil-, hay errores de confección, faltan datos o éstos fueron falseados.

Sobre ese volumen se centrarán los controles porque fueron otorgados a través de los grupos piqueteros: el MIJD de Castells, el BP de Pitrola, Teresa Vive de Gustavo Giménez, el MTL de Alberto Ibarra (MTL), Barrios de Pie de Jorge Ceballos y la rama de la Aníbal Verón que coordina Nicolás Lista.

En aquellos casos que se compruebe que la baja fue injustamente efectuada, el gobierno se comprometió a pagar esos planes respetando el cronograma programado: es decir, el próximo miércoles.

Igual, la cita entre los funcionarios y los jefes piqueteros sirvió como tregua. Antes de abandonar La Plata -donde se montó un operativo de seguridad con 700 policías-, las organizaciones amenazaron con realizar cortes en toda la provincia si no quedan conformes con el reempadronamiento.

Según lo adelantado por distintos representantes piqueteros, esa actividad podría realizarse el próximo martes. «Quedamos en estado de alerta», advirtió Giménez.

• Festejo

Un rato antes, el jefe de Gabinete bonaerense, Florencio Randazzo, había señalado que el gobierno no se dejará extorsionar por los piqueteros.

Por otro lado, en despachos oficiales festejaron que en la jornada -por el volumen de la movilización: 5 mil personas- no se produjeron incidentes, porque la Policía diseñó un «sendero» para evitar cortes permanentes. De todos modos, varias calles estuvieron intransitables.

Ese era otro aspecto agitado para la administración Solá: antes de la movilización, la fiscal platense Virgina Bravo ordenó al gobierno a garantizar, aplicando medidas «disuasivas y persuasivas» el libre tránsito en la ciudad.

Con el mismo objetivo, en el Concejo Deliberante de La Plata se presentó un proyecto en el que se pide a Solá que traslade las oficinas que gestionan los planes sociales a un barrio periférico de la Ciudad para evitar la alteración del tránsito y perjuicios a los comerciantes del centro platense.