En una jugada de campaña electoral, Elisa Carrió -socia política de Jorge Telerman- envió a los diputados del ARI en el Congreso a pedir una sesión especial para tratar la derogación de la ley que impide que la Capital Federal tenga Policía y Justicia propias.
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El tema de la llamada ley Cafiero es recurrente en cada campaña electoral. Ahora Mauricio Macri, en carrera por la jefatura de Gobierno porteño, se ha propuesto centrar sus propuestas en lo referente a la seguridad y viene insistiendo con que tiene la certeza de que Néstor Kirchner promoverá la derogación o modificación de la norma antes del 3 de junio, día del cuarto oscuro en la Capital Federal.
El oficialista Daniel Filmus rechaza que pudiera haber un cambio antes de esa fecha, pero ha promovido el armado de una comisión en el Congreso que estudie el tema.
Telerman en cambio quiere empezar a formar una policía propia en el distrito que no tendría las mismas facultades de la Federal y convocó a una consulta popular para el 24 de junio, día de ballottage, que no es obligatoria ni vinculante, sólo para que los vecinos expresen si quieren o no contar con una fuerza de seguridad local.
Carrió intenta desafiar al gobierno con un pedido de sesión especial en Diputados, pero hace rato que existen proyectos de todos los partidos políticos para modificar la ley Cafiero.
El peronista-macrista Cristian Ritondo, en la Comisión de Seguridad, inclusive logró un dictamen en ese sentido, que caducó sin tener tratamiento en el recinto.
Discusión reciclada
Hace menos de un mes Ritondo pidió el tratamiento sobre tablas de la modificación de la ley, todos votaron a favor excepto el Frente para la Victoria sin cuyos votos era imposible la sanción.
Desde que la Ciudad es autónoma, a partir de la primera elección de intendente, en 1996, se viene reciclando la discusión. Por entonces la mantenían Fernando de la Rúa con Carlos Corach, quien amenazó con el traspaso de la Federal a la órbita porteña, pero el gobierno radical le exigía también el traspaso de los fondos.
Después, en su primera gestión, Aníbal Ibarra creó una oficina de Seguridad y Justicia comandada por otro radical, Facundo Suárez Lastra, en función de creer que los vientos aliancistas con De la Rúa ya en la presidencia favorecerían que la Capital Federal contara con policía propia. Pero Suárez Lastra emigró de la gestión y el área se diluyó, convencido Ibarra que no recibiría a los agentes bajo su dominio.
Ahora Telerman también pide por una fuerza que pueda conducir con la que creerá solucionará los problemas cotidianos de inseguridad de los porteños.
Lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires no es beneficiaria con los puntos de coparticipación que le corresponderían y a cambio -se dice- recibe los servicios policiales y de Justicia a cuenta de la Nación. Pero más cierto es lo que ha dicho en varias oportunidades el propio Antonio Cafiero, sobre que los representantes de las provincias rechazan que parte del Presupuesto sea cedido a los porteños.
Los gobiernos porteños, en cambio reclaman la cuota de coparticipación y la derogación de los artículos de la ley Cafiero para mantener sus propios servicios, aduciendo que aportan a la masa coparticipable recibiendo una mínima porción desde hace pocos años (la consiguió Ibarra en la gestión de Eduardo Duhalde).
La ley Cafiero se sancionó para garantizar «los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación». Las diferentes propuestas de su modificación contemplan cambiar o derogar el artículo 7 de la norma que impone que sea el gobierno nacional el que siga ejerciendo «su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes».
Hoy, el bloque de diputados del ARI dará una conferencia de prensa para informar sobre el pedido de sesión especial que hará en el recinto para que se trate un proyecto de ley de la bancada para cambiar el artículo 7.
Mientras tanto hay otros asuntos que mortifican en lo cotidiano a los porteños, que tampoco están resueltos entre los distritos.
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