Una movilización de familias, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad se concentró este viernes frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional pero vetada por el presidente Javier Milei. El reclamo derivó en momentos de tensión con la Policía de la Ciudad, luego de que los manifestantes lograron ingresar a la sede del organismo.
Tensión en la sede de ANDIS: familias y prestadores ingresaron a la sede tras el forcejeo con la policía
La movilización reclama por la Ley de Emergencia en Discapacidad. La tensión escala en el lugar ubicado en Belgrano.
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Familiares y prestadores se movilizan a ANDIS.
La jornada se desarrolla en medio de un clima de malestar tras la cancelación de una reunión oficial que debía realizarse en la sede de ANDIS. El interventor del organismo, Alejandro Vilches, había convocado inicialmente a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos tarifarios este viernes a las 11 de la mañana, aunque el encuentro fue adelantado a las 10 horas y finalmente suspendido por “fuerza mayor”, según informaron las autoridades.
La suspensión generó enojo entre las familias y las organizaciones presentes, que denunciaron la falta de diálogo oficial y el incumplimiento de los compromisos asumidos. Desde temprano, los manifestantes se ubicaron frente al edificio de ANDIS para exigir respuestas concretas a una crisis que, aseguran, se profundiza día a día.
Críticas por los fondos sin ejecutar
Durante la protesta, Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, expresó ante los medios.
Por su parte, Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la situación de colapso del sistema: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”.
Visiblemente afectada, agregó: “Es agotador todo esto, es un sector vulnerable. Como madre ya paso de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.
Denuncias por incumplimiento judicial y abandono estatal
Entre los manifestantes también estuvo Claudia Dipólito, madre y psicóloga, quien denunció la falta de cumplimiento de la Ley 27.793 y la inacción judicial ante la emergencia del sector. “El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, explicó.
Las organizaciones subrayaron que la ausencia de respuestas y la desactualización de los aranceles afectan directamente la continuidad de las prestaciones terapéuticas, educativas y de transporte, esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Uno de los sectores más golpeados es el de los transportistas especializados, que advirtieron sobre la posibilidad de paralizar los servicios ante la imposibilidad de cubrir los costos básicos. Un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) remarcó la gravedad del panorama: “La situación es límite, nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida”.
Según detalló, el litro de nafta se lo pagan $541, mientras que el costo real asciende a $1.700, lo que vuelve insostenible la actividad. La diferencia, explicó, los obliga a endeudarse o a reducir recorridos, afectando directamente a los usuarios del sistema.
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