El escenario político a nivel provincias, ante el adelantamiento de los comicios presidenciales propuesto por el presidente Eduardo Duhalde, es bastante complejo. Resulta que son varios los distritos que, en principio, no podrían adelantar los comicios para la elección de gobernadores en la misma fecha que las elecciones nacionales.
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Las trabas son en algunos casos constitucionales, pero también existe una argumento de sentido común contra el corrimiento de la fecha de elecciones. Este es el caso de provincias donde existen méritos suficientes para modificar el cronograma electoral. También el aspecto político, propiamente dicho, ejerce un fuerte peso en la decisión que tome cada provincia. En este punto será decisivo el resultado de la interna del justicialismo, que promete ser feroz.
Distritos como Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, tienen estipulados en sus Constituciones un plazo determinado para celebrar los comicios, que no permitiría realizarlos en marzo próximo.
En Tucumán, por caso, el vencimiento del mandato del gobernador Julio Miranda está fijado para octubre de 2003 y la Carta Magna señala que las elecciones para definir a su sucesor deben ser exactamente cuatro meses antes. Caso contrario será necesaria una reforma, tema muy delicado en esta provincia, ya que la cuestión se viene discutiendo desde hace varios meses, desde que una ley habilitó a Miranda a realizar modificaciones para aspirar a una reelección.
Similar es la situación en Santiago del Estero. Necesitan aquí modificar la Constitución, que hace referencia a que los comicios sean «120 días antes» del cambio de autoridad, que será en octubre de 2003. La diferencia aquí es que el gobierno de Carlos Díaz no contaría con una oposición mayor para operar una reforma.
En referencia a la «barrera de sentido común» para establecer un adelanto electoral hay que citar a Corrientes. El actual gobernador Ricardo Colombi apenas asumió en diciembre de 2001, en un gobierno de coalición posintervención federal. Es consensuado por los correntinos que una renovación del Ejecutivo no sería una práctica democrática sana.
También puede mencionarse a Chaco, donde el gobierno no está habilitado para superponer las fechas de comicios provinciales con los nacionales.
Finalmente es digno de mención el factor político. O mejor dicho, de disputa política. Los distritos del PJ están supeditados al resultado de la interna para esclarecer su accionar, pero, de todos modos, son conscientes de que las elecciones de marzo los encontrarán en una posición bastante buena y esto intentaría ser aprovechado a nivel provincial, juntando los comicios locales con los nacionales.
El caso de las provincias comandadas por la UCR es totalmente opuesto. Cuanto más lejos y más separadas de las elecciones nacionales, mejor para ellas.»Los radicales ven una urna y salen corriendo», expresó ayer muy gráficamente un senador justicialista.
Por último, en el caso de los partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino, se están manteniendo a la expectativa de una negociación con el PJ.
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