Tragedia de Once: ratifican que el Estado no puede ser querellante

La tragedia ocurrió el 22 de febrero pasado.

La Sala II de la Cámara Federal ratificó la decisión del juez federal Claudio Bonadío de denegarle al Ministerio de Planificación Federal ser parte querellante en la causa por la tragedia ferroviaria del tren de TBA en Once, el pasado 22 de febrero, lo que ocasionó la muerte de 51 personas.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal no hizo lugar al pedido del subsecretario Rafael Enrique Llorens, quien había apelado la decisión del juez de primera instancia.

"La actividad procesal desarrollada en autos se encuentra orientada a establecer las causas inmediatas del siniestro como así también las mediatas, determinadas por la presunta ausencia de mantenimiento e inversión que podría haber afectado la seguridad del transporte ferroviario y haber incidido en el resultado dañoso producido", recordó el tribunal.

Inicialmente, Bonadío había aceptado como querellante al Estado, pero esa medida fue cuestionada por familiares de víctimas y apelada por la querella, por lo que meses atrás la misma Cámara había nulificado esa decisión, y ahora ratifica la imposibilidad de aceptar como tal al Ministerio que conduce Julio De Vido.

La Cámara tuvo en cuenta que el Gobierno nacional resolvió quitarle la concesión del ramal Sarmiento a la firma TBA, que quedó en manos del Estado.

"No puede dejarse de lado el actual impedimento formal derivado del reciente cambio introducido por el Decreto 875/12, a través del cual se dispuso modificar el organigrama y transferir al Ministerio del Interior, la Secretaría de Transporte y sus órganos descentralizados -cuyos principales funcionarios se encuentran imputados en esta encuesta-, dejando así de hallarse bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal", señaló.

"No puede desatenderse que se han presentado como querellantes en esta causa numerosas personas -familiares y víctimas del suceso-, algunos de los cuales han impulsado la acción no sólo a efectos de obtener una respuesta punitiva sino también resarcitoria, dirigiendo el reclamo contra quien, entienden, debe responder civilmente por el hecho", añadió en su resolución el tribunal.

Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron que el "obstáculo" de ser querellante no es por "la presencia de funcionarios públicos imputados, sino de la concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de accionar contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio público concesionado".

"Habilitar la intervención como acusador privado a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable civil de los daños ocasionados no sólo es un escenario notoriamente diverso de aquellos verificados en los precedentes traídos a colación por la parte, sino que implicaría admitir como posible que puedan coexistir en la misma persona el ejercicio de roles procesales tan antagónicos como estratégicamente opuestos", concluyó la Cámara.

En la causa hay varios funcionarios imputados y que incluso ya prestaron declaración indagatorias: se trata -entre otros- de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, del titular de la CNRT Antonio Cicaro y el Subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, entre otros.