Tras polémica en Senado, presentan proyecto de "Transparencia y Supresión de Honores" en el Congreso

Diputados presentaron un proyecto para transparentar el trabajo y los ingresos de los legisladores del Congreso.

Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, referentes de la Coalición Cívica.

El aumento intempestivo y unánime de las dietas en el Senado continúa provocando controversias que aún repercuten en la sociedad civil. Ante la presión de los miembros de la Cámara de Diputados de incrementar sus ingresos, un grupo de legisladores presentó en el Congreso un proyecto para constituir un Código de Ética en la labor parlamentaria.

El proyecto Régimen de Transparencia y Supresión de Honores para Diputados, Senadores y Personal Jerárquico del Congreso de la Nación cuenta con 37 artículos y fue rubricado por los cinco diputados que integran la Coalición Cívica -que en simultáneo pertenecen al bloque Hacemos Coalición Federal-.

La iniciativa propone determinar principios que orienten un desempeñó ético en los miembros del Poder Legislativo, contemplando áreas que abarcan la prevención de conflictos de intereses, la imposición de la dedicación exclusiva (con excepción de la docencia), una cláusula anti nepotismo y los términos de la publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

El objetivo del proyecto es el consenso de un Código de Ética con posibilidades de aplicación en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y que, además, norme el presentismo de los legisladores, sus modos de comportamiento con sus respectivas sanciones y los alcances del lobby. Asimismo, apunta a la supresión del uso de vehículos oficiales, la emisión de pasaportes oficiales salvo para viajes con ese fin en donde conste fecha de inicio y finalización respectiva.

Diputados presionan para mejorar sus ingresos

Se acrecienta la presión de legisladores sobre Martín Menem, presidente de Diputados, para que replique el incremento en la Cámara Baja.

Un incremento de sueldos en Diputados ya fue implementado por el propio Menem en el mes de marzo, que dio marcha atrás a su decisión por la mala recepción pública: pretendía llevar de $1.984.770 mensuales (lo que aún cobra mensualmente un legislador nacional) a $2.580.202. En comparación, y luego del aumento que votaron este jueves, un senador percibirá por mes $4,1 millones brutos, a lo que se le pueden añadir gastos de representación y desarraigo.

Es esa la diferencia que hace crecer la tensión entre los diputados, que le reclaman a Martín Menem que habilite las herramientas para implementar un aumento en las dietas. Entre el presidente de la Cámara y los legisladores existe un consenso: buscan evitar una sesión como la del Senado que los deje expuestos. En ese marco, avanzan con distintas estrategias para ejecutar un incremento que les actualice sus ingresos, que se encuentran congelados desde diciembre del 2023.

Diputados: propuestas para mejorar sus salarios

Entre las iniciativas que proponen en la Cámara de Diputados está la posibilidad de sujetar los incrementos de sus dietas a las paritarias que negocie la Asociación del Personal Legislativo, el sindicato de trabajadores del Poder Legislativo.

Otras de las propuestas surgen a partir de proyectos de ley. Es el caso del documento presentado por el bloque de Hacemos Coalición Federal, de Equiparación y Limitación de Remuneraciones en el Sector Público. En él se establece una escala salarial con actualizaciones y proponen que quienes ocupen Vicepresidencia, Corte Suprema y ambas Cámaras del Poder Legislativo no superen en remuneración mensual a la persona a cargo de la Presidencia de la Nación.

Existen otras dos iniciativas individuales que apuntan concretamente a aumentos salariales. Una de ellas es del diputado de La Libertad Avanza Carlos D'Alessandro, quien propone fijar el ingreso de los diputados en 20 salarios mínimos. Considerando que el valor actual es de $202.800, los ingresos serían superiores a $4 millones.

Por su parte, la diputada María Eugenia Vidal (PRO) propone que los aumentos de sueldo de los diputados y senadores no puedan ser mayor al porcentaje de incremento anual de las jubilaciones, cuya fórmula actual -aún en discusión- está sujeta al IPC.