Tres embajadores y dos jueces nuevos

Tres nuevos embajadores y dos jueces de Cámara lograron su acuerdo ayer en la sesión del Senado, donde también se aprobó el proyecto para frenar cualquier posibilidad de mejorar la oferta del canje en el futuro (ver nota aparte). El primero en conseguir su acuerdo fue ex frepasista Darío Alessandro, propuesto para ocupar la embajada en Cuba, cargo vacante desde que Raúl Taleb fue destituido en medio de las confusiones diplomáticas que produjo el fallido intento de la médica Hilda Molina de viajar a la Argentina. El pliego de Alessandro obtuvo 46 votos a favor y sólo se opusieron -sin explicar por qué- el justicialista Rubén Marín, Silvia Gallego y Haidé Giri, y se abstuvo el tucumano Ricardo Bussi.

La situación de Molina, quien sigue queriendo viajar a Buenos Aires para reunirse con su hijo y sus nietos sin tener permiso de Fidel Castro, será uno de los primeros temas de agenda que deberá enfrentar Alessandro. En la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos para discutir su pliego el mismo Alessandro lo reconoció, al tiempo que dejó claro que su función no será opinar sobre la política de derechos humanos en Cuba.

El Senado también prestó acuerdo para nombrar como embajador en Paraguay a Rafael Romá, ex arista y ex vicegobernador de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Romá, que reemplazará al embajador de carrera Félix Moyano, obtuvo 45 votos a favor y tres en contra -de nuevo Marín, Gallego y Giri-, aunque esta vez la abstención fue de la bonaerense ultraduahdista Mabel Müller, lo que se tomó como un inútil pase de facturas.

Sin debate, por unanimidad y perfil más bajo, se aprobó la nominación de Ernesto López, propuesto por el gobierno para ocupar la embajada argentina en Haití, actualmente intervenida por fuerzas especiales de las Naciones Unidas y los pliegos de los camaristas Daniel Morin -que esperaba desde 2004- y Elisa Díaz de Vivar.

En la misma sesión los senadores aprobaron la autorización anual para que el Presidente se ausente del país -una disposición constitucional que había sido olvidada en diciembre y fue incluida en el listado de leyes para el período extraordinario-, la ley de modificación de tasas judiciales -donde la reforma radica en realidad en la fijación del domicilio fiscal-y una polémica resolución por la que se modifica la alternancia dentro del Congreso en la administración de la Dirección de Ayuda Social, la cobertura médica que hasta hace poco atendía a diputados y empleados y que ahora sólo presta servicios a los trabajadores.