Trotskistas piden la renuncia de Ibarra

Desflecado por el materialismo histórico, el Partido Obrero ya ni siquiera tiene diputados en la Legislatura porteña. Eso explica que sus dirigentes -entre ellos, el ocurrente Jorge Altamira y el industrioso piquetero Néstor Pitrolahayan vuelto a la acción directa a través de su periódico partidario. En el último número se ceban con las responsabilidades de Aníbal Ibarra en la tragedia del boliche de Once para pedir lisa y llanamente su renuncia. Aquí, los párrafos más importantes del artículo que le dedicaron al también desflecado jefe de Gobierno.

Ibarra es el responsable. No puede alegar desconocimiento. Esta mafia capitalista -que entrelaza a funcionarios y «empresarios»gobierna la Ciudad y es responsable de la masacre. El jefe de la mafia, Aníbal Ibarra, debe renunciar.

Decenas de discotecas -incluidas algunas de las más grandes, notorias y concurridas funcionan sin habilitación municipal. Y no podrían obtenerla jamás ya que se encuentran ubicadas en zonas prohibidas por el Código de Planeamiento Urbano. Muchas otras están abiertas con habilitaciones truchas, para funcionar como bares y restoranes. Los dedicados a estas actividades, además de requerir condiciones de seguridad menores a las de las discotecas (lo que significa un costo significativamente menor para los capitalistas), tienen la «ventaja» de que no necesitan una inspección previa (es decir, la verificación de las instalaciones antes de comenzar a funcionar); para abrir sus puertas les alcanza una « habilitación en trámite». «Amigos del poder».

Ni Ibarra ni su gabinete pueden aducir que desconocían esta situación. El funcionamiento de las discos es público; hacen publicidad por todos los medios; muchas funcionan desde hace años y a ellas concurren miles de personas cada fin de semana. Más aún, muchas de las discos en infracción se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad (como Punta Carrasco, Costa Salguero, Club de Golf). Peor todavía, en algunos casos, sus titulares son personajes ligados al propio corazón del gobierno.

En una lista de discos no habilitadas denunciada por la Defensoría del Pueblo ( Resolución 2.022, del 8 de mayo de 2003), figura Follia, que funciona nada menos que dentro del propio Club Ciudad de Buenos Aires, en una zona donde se encuentra prohibida la instalación de locales bailables. Su concesionario es Pablo Batalla, ex director administrativo del Teatro Colón bajo la gestión de Telerman, el actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionamiento ilegal, pero público y conocido, de las discotecas sólo es posible gracias a la directa complicidad de la más alta autoridad política del Estado. Su extensión a todo el ámbito urbano y su continuidad en el tiempo indican que no se trata de la responsabilidad de un funcionario subalterno o de una mafia particular de inspectores.

El poder político que actúa para proteger esta actividad ilegal es, por lo tanto, un gobierno ilegal.

A la cabeza de ese «gobierno paralelo» se encuentra el propio Ibarra, que ha convertido al «turismo» en el eje de su gobierno. Los « boliches» y discotecas son parte de la «oferta turística». Muchas de las discotecas no habilitadas (o habilitadas en forma trucha) funcionan dentro de hoteles. En los distintos «tours» que se venden para visitar Buenos Aires, se incluyen entradas a distintas discotecas.

• Planes

El propio Chabán, el dueño de República Cromagnon, señalaba en un reportaje realizado poco antes de su apertura: «¿Sabés qué quiero hacer? Como acá hay un hotel y los dueños del lugar tienen una agencia de turismo, quiero que se pueda comprar el viaje, la estadía y la entrada para un recital como si fuera un paquete». Cromagnon funcionaba sin habilitación (había vencido hace más de un año). Durante todo ese tiempo, nunca fue visitada por los inspectores municipales.

En octubre de 2003, Ibarra disolvió la Dirección de Habilitaciones e Inspecciones, alegando que era un foco de corrupción. Los 300 inspectores despedidos fueron reemplazados por 87 pasantes; a Ibarra no le preocupaba la seguridad ciudadana, sino el «ajuste» de los salarios. Pero, por encima de ese disminuido cuerpo de inspectores, Ibarra dejó intacta la estructura política que había permitido y alentado el funcionamiento ilegal de los boliches. La denuncia, típicamente centroizquierdista, «contra la corrupción», le sirvió para crear una auténtica «zona liberada» en beneficio de los infractores.

Bajo el amparo de la complicidad gubernamental, en las discotecas habilitadas como bareso restoranes no sólo se violan las condicionesmás elementales de seguridad (salidas de emergencia, protección contra el fuego, existencia de grupos electrógenos); además se desarrolla una gigantesca evasión impositiva. Los comercios habilitados como discotecas pagan una alícuota de 15% de Ingresos Brutos; los bares pagan 3% y los restoranes con espectáculo en vivo, 6%. La « diferencia» son cientos de millones por año. Hay, además, una segunda evasión. La habilitación (cuando existe) establece un máximo de personas que pueden ingresar al local (en función de su superficie, de su ventilación y del volumen de aire existente en su interior, de las salidas de emergencia, etc.). Ninguna de las discotecas -habilitadas o no-respeta este tope, con el consiguiente riesgo para los asistentes.

Esta millonaria evasión, conocida, tolerada y permitida, no sólo va a los beneficios de los capitalistas y a los bolsillos de los inspectores. Con estos fondos negros, junto con los que provienen de la prostitución y el juego, se sostiene el aparato político que los protege y la financiación de las campañas electorales de los funcionarios que se encuentran a su cabeza.

Uno de los aspectos más terribles de la masacre de Cromagnon es la muerte de los niños que estaban dentro de la discoteca. Las normas vigentes prohíben el ingreso de niños en horario nocturno. Como todas las demás, ni se cumplen ni se controlan.