En plenario de Diputados, hubo participación virtual de los inscriptos para la segunda jornada de audiencias públicas. El proyecto podría votarse en dos semanas.
José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes del plenario por la reforma a la ley de Glaciares.
Después de una primera audiencia pública que se extendió por 12 horas, la Cámara de Diputados convocó a la segunda jornada de debate para la participación ciudadana por la reforma a la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.
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Las audiencias públicas se vieron envueltas, desde antes de su inicio, en una controversia por lo representativo de la participación, lo que incluso provocaron dos medidas cautelares -rechazados por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7- y un pedido de impugnación para expandir la cantidad de intervenciones dentro de los más de 120.000 inscriptos. En la primera jornada el listado de habilitados se limitó a 196 personas. Aún así, las diputadas peronistas Sabrina Selva y Lucía Cámpora plantearon que tres representantes cercanos a las mineras fueron introducidos a participar sin integrar esa lista.
De las 196 personas habilitadas para la primera jornada, participaron 95 y 84 (88,42%) rechazaron la reforma. Hubo cuatro personas presentes en Diputados que tuvieron que retirarse sin intervenir cuando se levantó el plenario, en conjunto con la interrupción de la transmisión oficial. En el segundo encuentro de audiencias públicas, 59 de los 62 (95,16%) primeros disertantes no acompañan el proyecto.
En ese marco, confluyen dos intenciones: una propuesta de Unión por la Patria de convocar a una consulta popular vinculante, y otra oficialista de llamar a una sesión para convertir la iniciativa en ley el próximo 8 de abril.
Entre las intervenciones virtuales, una de las participaciones opositoras más representativas fue la de Pablo Eugenio Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ente que administra el Inventario Nacional de Glaciares. "Esta nueva propuesta no considera la importancia del presupuesto mínimo, que uniformice la protección de todos los procesos hidrológicos que exceden los límites interjurisdiccionales", dijo y sostuvo que "esta nueva legislación sigue sin incluir un presupuesto para garantizar el inventario, lo que deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre en cuanto a sus posibilidades".
La exdiputada nacional Graciela Camaño fue una de las participantes, quien hizo hincapié en la metodología del debate por la reforma a la ley de Glaciares, subrayando que no se cumplió con el acuerdo de Escazú porque la instancia de participación ciudadana fue posterior a la redacción -y media sanción- de la ley. Así fue que consideró que podría darse "la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones, por configurar una violación en su elemento formal, al no haberse cumplido los elementos esenciales previstos". "La ley de Glaciares actual es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema", agregó.
La única voz de respaldo al proyecto entre los primeros 30 disertantes fue la de Pablo Marcet, quien se presentó como un "geólogo y hablo por cuenta propia". Director de Piche Resources -empresa australiana de exploración de uranio y oro- y de Pan American Silver -corporación canadiense de extracción de plata-, criticó el avance de la minería ilegal y argumentó que la actividad no utiliza grandes cantidades de recursos hídricos: "Nuestras minas más grandes de oro y de litio consumen una cantidad de agua equivalente a fincas de entre 50 a 100 hectáreas. El desarrollo de una mina de las más grandes de Argentina no sería detectable midiendo los caudales de los ríos aguas abajo".
Los otros participantes que apoyaron la reforma fueron Néstor Rigamonti, gerente general de Minera Santa Cruz, y Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, quienes hicieron hincapié en las definiciones legales de glaciares y ambientes periglaciales.
El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Luego de que la minería se presente como el principal catalizador de inversiones en la Argentina Week, se estima que existen cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones.
El cambio sustancial es que añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana". Los dos cambios (artículo 4° y 6°) de último momento del proyecto en el Senado abonan a este objetivo, dado que se flexibilizaron el esquema de autorizaciones para la explotación minera, quitándole potestades a la Cancillería y los Comité de Cuenca.
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