Uruguay: se instalará una tercera papelera

Nadie ni nada parece amortiguar el conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de papeleras en las márgenes del río Uruguay, y sus consecuencias ambientales que se magnifican de un lado y se minimizan del otro. Ayer se conoció que un nuevo grupo de empresas de Suecia y de Finlandia planea instalar una nueva fábrica de pasta de celulosa, ahora sobre el río Negro, en territorio uruguayo. No afectaría directamente a la Argentina pero señala un empeño por parte de Uruguay por desarrollar un sector pese a que pueda deteriorar las relaciones con su vecino y principal socio.

La empresa forestal sueco-finlandesa Stora Enso definirá en los próximos días si instala una tercera gran planta de celulosa a orillas del río Negro, en el centro del Uruguay, en momentos en que este país y la Argentina mantienen una disputa diplomática por la radicación en Fray Bentos, 309 kilómetros al norte de Montevideo, de otras dos fábricas similares.

Los vecinos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Entre Ríos, levantaron el sábado el corte que habían instalado el viernes frente al puente sobre el río Uruguay que comunica con Fray Bentos.

Esas forzosas interrupciones del tránsito, cuestionadas por funcionarios uruguayos, se repiten desde hace tres semanas en rechazo a los proyectos de instalar en Fray Bentos una papelera de la finlandesa Botnia (en construcción) y otra de la española Ence, que anunciaron una inversión en conjunto de 1.800 millones de dólares.

El intendente del departamento uruguayo de Río Negro, Omar Lafluff, del partido Blanco, conservador, declaró que «es atroz» que activistas ambientales argentinos prohíban a sus compatriotas elegir dónde tomarse vacaciones y corten las rutas hacia Uruguay.

Las autoridades argentinas y organizaciones ambientalistas de ambos países temen que las plantas de celulosa contaminen el común río Uruguay, aunque el gobierno uruguayo afirma que esto no ocurrirá.

El Banco Mundial (BM), que proveerá parte de los créditos para construir las plantas, y al que apeló el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, pidiéndole que no otorgue los préstamos por el peligro que representan, elaboró un primer informe en el que descartó el impacto ambiental que puedan producir.

• Acusaciones

La polémica fue subiendo de tono en los últimos meses, al punto que las declaraciones de funcionarios de ambos países hicieron que en setiembre último los embajadores uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo; y argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, fueran llamados en consulta por sus respectivas cancillerías, en medio de graves acusaciones. Funcionarios argentinos han insistido en sus reclamos de que se suspendan las obras en Fray Bentos y se proponen llevar el caso al Tribunal Internacional de La Haya en las próximas semanas.

Del lado uruguayo, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, declaró el viernes que la construcción de las plantas en el departamento de Río Negro es «una causa nacional» y que todo el país está detrás de los emprendimientos. Mientras se desarrolla esa polémica, el presidente de Stora Enso para América latina, Nils Grafström, mantuvo en estos días reuniones con los intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y de Tacuarembó, Wilson Esquerra.

La nueva fábrica, que demandará una inversión de unos 250 millones de dólares, se alzará a orillas del río Negro, que sirve de límite a los departamentos de Durazno y Tacuarembó.

Stora Enso, que debe definir este mes el lugar exacto del emplazamiento, ya compró 50 mil hectáreas de campos para forestar en Uruguay, de un total de 150.000 que necesitará para su proyecto celulósico.

El intendente Vidalín, del partido Blanco, afirmó ayer que tiene esperanzas de que Grafström se incline por elegir Durazno. En setiembre último, el dirigente de Stora Enso había visitado Montevideo para reunirse con el vicepresidente uruguayo, Adolfo Nin Novoa, y en aquella oportunidad declaró a la prensa que la fábrica de pulpa de celulosa estaría en funciones en unos seis años. El proyecto creará cerca de 2.000 puestos de trabajo directos y entre ocho y nueve mil indirectos, dijo entonces Grafström. La empresa prevé comenzar con las obras dentro de cuatro años. Mientras del lado argentino los ambientalistas y el propio gobierno de Néstor Kirchner se muestran cada vez más activos en su acción para detener los proyectos de las papeleras, en Uruguay las autoridades han empezado este año su propia campaña para contrarrestar la movilización de sus vecinos.