La pretensión de Eduardo Duhalde de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia se está ajustando diariamente según los condicionamientos políticos que encuentra a su paso. Si el Presidente descartó temprano la idea de remover a los nueve miembros en bloque, después advirtió que provocar la reforma por vía del juicio político generaría un estrés institucional innecesario, sobre todo por la falta de razones técnicas por las cuales acusar a los magistrados: comenzó entonces a inclinarse por las renuncias individuales de uno o dos miembros del tribunal, que se negociarán con mayor o menor ductilidad política. La novedad más reciente agrega otra determinación al cuadro inicial y tiene que ver con la identidad de los nuevos integrantes del cuerpo si, finalmente, su composición se modifica. Los senadores, que juegan un papel crucial en todo este proceso, enviaron ya señales al Ejecutivo para que seleccione a los nuevos ministros de la Corte entre juristas del interior del país, sobre todo miembros de tribunales superiores provinciales. Quieren, con sensatez y por varias razones, federalizar la Corte.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El rol del Senado es decisivo en la eventual destitución de los jueces del máximo tribunal y también en la designación de quienes los reemplacen. El mecanismo del juicio político supone que la Cámara de Diputados acusa a un juez, pero es la otra cámara la que lo condena o absuelve por 2/ 3 de los votos. Además, la Presidencia debe remitir al Senado el nombre de los candidatos a ocupar las vacantes, que deben obtener el visto bueno de la Comisión de Acuerdos. De este poder los legisladores pretenden derivar una mayor intervención en la identidad de la nueva Corte.
La última experiencia en el armado de ese instituto fue controvertida. En el pacto de Olivos, Raúl Alfonsín puso como condición de su adhesión a la reelección de Carlos Menem la sustitución de tres jueces a los que acusaba de «menemistas» por otros que, según él, daban mayor garantía de independencia. Curiosamente, en estos días reclama por la permanencia de uno de ellos (Gustavo Bossert) en el tribunal, opacando la figura del ministro. En todos los casos, las vacantes se completaron con abogados porteños, lo que reforzó el carácter metropolitano que siempre tuvo la Corte.
En el caso actual, ese rasgo prometía acentuarse: el nuevo tribunal sería la expresión judicial del «pacto bonaerense» que sellaron peronistas y radicales de ese distrito para gobernar el país. De allí los nombres que se comenzaron a ventilar, abogados en general «filo-alfonsinistas» e invariablemente porteños: Ricardo Gil Lavedra, Arnoldo Klainer, León Arslanian, hasta el mismo Jorge Vanossi, hoy ministro de Justicia.
Frente a esta manera de seleccionar magistrados, algunos diputados y un par de senadores le hicieron conocer a Duhalde otro criterio. Le propusieron, y el Presidente comenzó a considerar, la posibilidad de saltar el cerco porteño, con el argumento de que «es también una manera de sanear a la Corte de los intereses de los grandes estudios jurídicos que se concentran alrededor de los tribunales». Además, los legisladores de la Cámara alta pretenden que se reconozca, con acierto, el capital del interior del país en el campo del Derecho: allí hay profesores y jueces del prestigio de Luis Moisset de Espanes y José Buteler (Córdoba) o de Aída Kemelmajer de Carlucci (Mendoza, podría ser la primera mujer que alcanzara esa jerarquía), por citar tres casos descollantes. La idea le resultó especialmente atractiva a Duhalde y se comentaba anoche en la Casa Rosada, (durante una reunión de máximo nivel para analizar la reforma institucional que se lanzará hoy). El Presidente está empeñado en desdibujar la imagen centralista que lo ha caracterizado hasta ahora al punto de convertirlo en una especie de émulo de Juan Manuel de Rosas.
Desde el punto de vista del funcionamiento de su gobierno, la urgencia del Presidente por despejar el conflicto con la Corte es cada vez más acuciante. Se puede concebir un esquema de gobierno en el cual el Ejecutivo no cuente con la solidaridad del Parlamento. También un régimen en el cual no cuente con la comprensión de la Corte. Lo que resulta difícil de imaginar es un sistema en el cual falten ambas cosas. Es decir, que no se pueda legislar y tampoco compensar esa carencia con decretos especiales que, en definitiva, deben ser convalidados por el máximo tribunal. Duhalde se asoma peligrosamente a ese escenario. No tiene la obediencia automática del Senado y se está alejando vertiginosamente de la Corte, lo que lo privaría de la opción de gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Resolver la falta de docilidad de la Cámara alta no está a su alcance inmediato: su gobierno nació de un pacto con la UCR bonaerense, de espaldas al PJ del interior. Debe entonces mejorar el vínculo con la Justicia, tarea para la que necesitará mejores operadores e ideas que las que dominaron hasta ahora su política.
Dejá tu comentario