El 27 de noviembre de 2001 se sancionó la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional. Con ella se creó la Comisión Bicameral que fiscaliza el seguimiento de esos organismos entre los cuales están los que pertenecen a las Fuerzas Armadas. La comisión tiene por ley la atribución de investigar ilícitos cometidos en el ejercicio de actividades de inteligencia. Luego de un comienzo prácticamente sin mayores contratiempos y con presupuesto, la Bicameral presidida por la diputada del Frente para la Victoria, Stella Maris Córdoba (PJ, Tucumán), tendrá la oportunidad de investigar -al mismo tiempo que el expediente abierto en el juzgado federal de Trelew- el espionaje ilegal cometido por la central de inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar.
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Documentos de gestión interna de la Marina presentados como prueba de la violación de la ley -recolección de datos sobre políticos y actividades de organizaciones de derechos humanos- mostraron que el relevado almirante Eduardo Avilés, quien ejercía la función de comandante de Operaciones Navales, era el receptor de la información.
Se trata de la máxima autoridad de «los fierros», es decir, el responsable de conducir la totalidad de las operaciones de guerra del aparato bélico de la Marina: la flota de mar, la aviación naval y la infantería de marina. ¿Por qué tan alta figura habría ordenado espiar las intimidades políticas de Trelew y confeccionar un dossier de la ministra Nilda Garré y del ex viceministro Jaime Garreta?
El interrogante precede a otros menos irritantes de la epidermis política que se vinculan a la sistemática violación de la disciplina del secreto y del manejo de la información ocurrida en la divulgación de la noticia. Por caso, fuentes legislativas hicieron notar que la reproducción de los dossier en un matutino que estaban clasificados con la leyenda «Estrictamente Secreto y Confidencial» constituye una violación a la Ley de Inteligencia que en su artículo 16 establece claramente: 'La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia en el marco de una causa determinada o sea requerida por la Comisión Bicameral.
• Acompañantes
En el mismo sentido, señalaron que en la inspección relámpago a las oficinas de la inteligencia naval en el edificio Libertad, que encabezó el secretario de Asuntos Militares, José Vásquez Ocampo, hubo acompañantes cuya función no los autorizaba a acceder al conocimiento de las actividades de inteligencia.
Pero saben que el Congreso está en deuda, pues aún no se aprobó la ley de secreto de Estado que vendría a complementar la actuación de los organismos en lo referente al manejo de bancos de datos, documentos, planes y presupuestos.
Lo de Avilés, un marino que acompañaba la posición del jefe Jorge Godoy, aunque con cierta distancia, encuadraría en la afinidad política que mantuvo con el duhaldismo. En esas interpretaciones conspirativas cabría la iniciativa de escudriñar el pasado y el presente de dos figuras como Garré y Garreta, más aún cuando este último ejerce funciones de asesor del senador José Pampuro, a quien el ex gobernador bonaerense nunca perdonó su pasaje a las filas de Néstor Kirchner.
En los mensajes internos de la fuerza había otro corresponsal, el director del servicio de inteligencia naval, contraalmirante Pablo Rossi, quien apoyó sin titubeos la política de autocrítica emprendida por Godoy en aquel 3 de marzo de 2004 y ratificada días pasados.
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