Vuelve la reforma laboral

Si algo le faltaba a la híbrida ley laboral que rige en la Argentina es que ahora vuelva a ser discutida a partir de un nuevo proyecto que envió al Congreso el sindicalista rebelde Hugo Moyano. El titular de la CGT disidente ayer logró su propó-sito: que la Justicia avale su propio proyecto de reforma laboral que ahora ingresará a la Cámara de Diputados para ser tratado en el próximo período de sesiones ordinarias de 2001. La jueza federal María Servini de Cubría certificó la autenticidad de las 45 mil firmas porteñas que respaldan el proyecto que impulsa la "modernización" de las relaciones laborales "sin flexibilización". Con la implantación en 1994 de la iniciativa popular como mecanismo para la presentación de proyectos, y el mínimo de firmas para hacerlo, es la primera vez que la Justicia habilita el tratamiento parlamentario de una propuesta. En sus 142 artículos el proyecto incluye: "Un seguro de desempleo de $ 380 para jefes y jefas de hogar desocupados, el aumento a $ 350 del haber mínimo para jubilados y pensionados y el incremento a $ 500 del salario mínimo, vital y móvil", así como la "plena vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo". Como era de esperarse, el proyecto incluye estas medidas demagógicas que no contemplan la financiación necesaria para poder implementarlas. Todo un modelo para desalentar las inversiones y la contratación de personal por las empresas.

María Servini de Cubría, jueza federal, posibilitó ayer el tratamiento parlamentario de una iniciativa de la CGT disidente que lidera Hugo Moyano que, con la firma de 850 mil personas, impulsa la modernización de las relaciones laborales «sin flexibilización». Servini de Cubría certificó la autenticidad de las firmas presentadas por la central obrera, por lo que autorizó el tratamiento del proyecto en el Congreso en las próximas sesiones ordinarias.

Desde la implantación en 1994 de la iniciativa popular como mecanismo para la presentación de proyectos, y la disposición posterior que requiere un mínimo de firmas para hacerlo, es la primera vez que la Justicia habilita el tratamiento parlamentario de una iniciativa. «Los presentantes han cumplido acabadamente con este recaudo toda vez que han adjuntado aproximadamente 45 mil firmas de electores correspondientes a este distrito (Capital Federal), superando de esta manera el mínimo legal.»

El fallo de la magistrada con competencia electoral obligará al Parlamento a debatir la propuesta, la primera en alcanzar el debate legislativo mediante el mecanismo de la iniciativa popular incluido en la reforma constitucional de 1994, que deberá ingresar por la Cámara de Diputados en el próximo período de sesiones ordinarias, que comienza en marzo. Moyano reclamó el tratamiento de la iniciativa que, según aseguró, «puede llegar a superar en una forma muy importante la situación que viven los trabajadores».

Sin sospecha

«Esta ley no va a estar rodeada de las sospechas de sobornos y de coimas por las que estuvo rodeada la ley anterior», enfatizó el dirigente, quien fue uno de principales detractores de la norma aprobada en abril bajo fuertes sospechas de corrupción. El abogado laboralista Héctor Recalde, asesor de la CGT «disidente» y uno de los principales impulsores de la norma, dijo que la iniciativa «promueve un sistema integral de reforma pensando en una protección moderna de los trabajadores».

Ratifica la libertad de las partes para negociar los Convenios Colectivos de Trabajo sin la imposición gubernamental. La iniciativa reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, contra las 48 actuales, además de extender a los casos de adopción los plazos de licencia por nacimiento, y ampliar el plazo para la paternidad. La iniciativa de la CGT «disidente» faculta también a la denominada Junta Promotora a discutir con los legisladores las alternativas de su tratamiento.

Entre sus 142 artículos, el proyecto incluye «un seguro de desempleo de 380 pesos para jefes y jefas de hogar desocupados, el aumento a 350 pesos del haber mínimo para jubilados y pensionados, y el incremento a 500 pesos del salario mínimo, vital y móvil», así como la «plena vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo». La iniciativa y la recolección de firmas estuvo a cargo de una «junta promotora» integrada por el consejo directivo de la central obrera y por su asesor legal, Héctor Recalde, y por dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa que lidera Carlos Santillán.

Según el judicial Julio Piumato, ladero de Moyano en la CGT disidente, señaló que «el Congreso tiene obligación de tratar el proyecto sin retardos en el próximo período ordinario» que comenzará en marzo y agregó que «la junta promotora (sindical) tiene derecho a fundamentarlo».

El gremialista dio por seguro que el proyecto contará con el respaldo de diputados justicialistas, como Saúl Ubaldini, Cristina Fernández de Kirchner y José María Díaz Bancalari, y aliancistas rebeldes como Alicia Castro y Elisa Carrió, entre otros.