Vuelve la tensión con los policías de Córdoba por siete cesantías

Los policías cesanteados fueron hallados responsables de la protesta que sus esposa realizaron el 15 de enero pasado.

La tensión entre la policía de Córdoba y las autoridades provinciales regresó con fuerza este fin de semana. En este caso, el detonante no es un reclamo salarial, sino un pedido de reincorporación de un grupo de uniformados cesanteados por no evitar que sus mujeres protesten por ellos.

El conflicto se desató con una resolución del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, que el sábado cesanteó a siete efectivos por un reclamo salarial que habían realizado sus esposas a mediados de enero. "Se los acusa de no controlar ni impedir la conducta de sus esposas para reclamar sus salarios. Esto me parece un acto de barbarie", aseguró a Cadena 3 el abogado defensor de dos de los uniformados despedidos, Miguel Ortiz Pellegrini.

Asimismo, el letrado informó que apeló la decisión, ya que "desconoce por completo el derechos de las mujeres a protestar y subordina el accionar de las mujeres a la voluntad de sus esposos. Es inaceptable un fundamento de este tipo en pleno siglo XXI".

La protesta de las esposas de los efectivos de la Policía de Córdoba comenzaron en diciembre, con la revuelta de efectivos, pero particularmente una fue realizada el 15 de enero pasado. Ese día cerca de una docena de mujeres cortaron la avenida Colón del centro cordobés para protestar por el presunto incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre entre el gobierno provincial y los policías.

Ante aquella manifestación, el temor de un posible nuevo autoacuartelamiento creció entre las autoridades cordobesas que decidieron solicitar a la Nación el envío de fuerzas federales para apaciguar el clima social y evitar una nueva medida de fuerza de los policías.

Este martes, el titular del Tribunal de Conducta policial, Martín Berrotarán, justificó la decisión. "Los policías no podían desconocer lo que hacían las mujeres", afirmó en diálogo con la misma emisora cordobesa. "Primero, no nos debemos olvidar los sucesos ocurridos el 3 y 4 de diciembre (acuartelamiento de los uniformados), donde hubo gente que perdió todo y hasta la vida; dentro de ese contexto se llegó a un acuerdo en donde el personal policial se comprometía a volver al trabajo mediante un acuerdo económico", recordó Berrotarán.

En este marco, el funcionario del gobierno de José Manuel De la Sota indicó que "después se siguió con este tipo de juntadas y mensajes a través de las redes sociales, incitando al resto del personal policial volver a mantener esta conducta".

"El fallo se fundamenta en que los policías no podían desconocer lo que hacían las mujeres. Dentro del seno familiar, presupone el Tribunal, que ellos tienen un conocimiento de lo que hacen las mujeres", explicó Berrotarán. "Al saber lo que hacían las mujeres, tenían la obligación de ponerlo en conocimiento de su superior, cosa que acá no ocurrió", sentenció.

"El Tribunal apunta a que el personal policial tiene obligación de poner en conocimiento los hechos como estos, más allá de que sea el hijo, la mujer", destacó.

"En la investigación hemos recolectado testimonios, no hemos sancionado a todos los policías cuyas mujeres fueron a un abrazo, fueron casos puntuales que han tendido una actividad concreta", remarcó el jefe del Tribunal de disciplina.

La polémica ya está instalada otra vez y no se descartan nuevas protestas. La madre de uno de los policías cesanteados, de la que no trascendió la identidad, advirtió: "Estoy indignada porque Berrotarán está equivocado".

"No soy abogada, pero me parece que se hicieron mas las cosas. Hay 17 policías que estuvieron detenidos en Bouwer y están en pasiva, no han sido exonerados. Mi hijo estuvo en pasiva algo más de un mes y después lo cesantearon. Él no hizo nada", aseguró la madre, que reveló que su hijo tiene pruebas de que estuvo en los adicionales y en las guardias. "No puede hacerse cargo de lo que haga la mujer. Se quedó sin trabajo. Me preocupan los chicos", concluyó.