Ya es ley pacto que congela los gastos de las provincias

El Congreso terminó ayer de ratificar el pacto Nación-provincias que congela el gasto público hasta 2005 y habilita una partida de $ 225 millones de fondos sociales para que administre el interior. Diputados le dio la media sanción que faltaba al acuerdo, que contó con el aval de todos los gobernadores aliancistas y peronistas, excepto el santa-cruceño Néstor Kirchner.

La iniciativa fue aprobada por 144 votos de la Alianza, el justicialismo, Acción por la República y los partidos provinciales. Entre los 17 legisladores que la rechazaron se anotaron los socialistas, los correntinos del Pacto Autonomista y el PANU y, por supuesto, los santacruceños que responden a Cristina Fernández de Kirchner.

Antes de suscribirlo, el PJ -a instancias de José Manuel de la Sota-logró una cláusula que, ante una situación de gravedad (que implique una interrupción de los servicios de educación o salud, o alteraciones excepcionales en la seguridad pública), la provincia afectada podrá pedir a Economía autorización para reasignar partidas y modificar los gastos temporariamente.

Esencial

Al comienzo de la discusión, Horacio Pernasetti (UCR-Catamarca) opinó que el Pacto Federal es «esencial» para asegurar una política de «transparencia fiscal y crecimiento económico». El justicialista Oscar Lamberto puso en duda la efectividad del acuerdo federal y, si bien destacó el apoyo del bloque al pacto, puntualizó que significa «un avance del poder de la Nación sobre las provincias».

Con más dureza, los diputados Ana María Mosso y Mario Cafiero comentaron que el nuevo Pacto Federal es «francamente antifederal y retrógrado» y cuestionaron que el gobierno encare el ajuste sobre el gasto primario de las provincias en lugar de apuntar a las millonarias erogaciones que implican para el Estado el pago de los intereses de la deuda externa. «Otra vez el gobierno vota por lo fácil, que el ajuste lo paguen en el futuro los jubilados y las provincias ahora», se quejó Mosso e insistió en la idea de que los fondos coparticipables son «propiedad» de las provincias.

En representación de los partidos provinciales, el demócrata Carlos Balter expresó el apoyo de su bloque al acuerdo entre la Nación y las provincias y justificó esa postura en que «no estamos dispuestos a dar un empujón más hacia el precipicio». A su turno, el socialista Héctor Polino desempolvó argumentos anacrónicos al considerar que fue ejecutado «bajo las presiones» del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigía el congelamiento del gasto primario en las provincias.

Autonomías

Con su clásico tono severo, Cristina de Kirchner pataleó porque las provincias «transferimos autonomía» a la Nación y, con cierta ironía, señaló: «En 2003 vamos a tener que llamar a licitación pública para elegir gobernadores».

El acuerdo fiscal, entre otras consideraciones, establece lo siguiente:

*Se comprometen las partes a presentar un proyecto de ley de coparticipación federal, sin apartarse de la ley de solvencia fiscal.

*En 2003, la Nación garantizará una transferencia mínima mensual de $ 1.400.000; al año siguiente $ 1.440.000, y 40 millones más para 2005.

*Durante la vigencia del compromiso, se puede desviar de los fines específicos los fondos asignados por leyes especiales, hasta 50% del total.

*El PEN se compromete a atender 50% de las deudas con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la garantía del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) correspondiente al ejercicio 1999 en 2 pagos similares a ser efectivos antes del 30 de abril y el 31 de agosto de 2001. Lo restante será cancelado antes del 31 de marzo de 2003. Las provincias que renuncien al cobro de esta segunda mitad de la deuda recibirán de la Nación programas de empleo y sociales, a crearse y a ser propuestos por las provincias, adicionales a los existentes, por un monto equivalente al resignado durante 2001.

*Asimismo, las partes acuerdan firmar, en un plazo de 120 días, un Pacto Federal de armonización tributaria, entre el gobierno nacional y las provincias, con invitación a los municipios.
El Senado votó la semana pasada este compromiso, luego de que Carlos Ruckauf, De la Sota, el tucumano Julio Miranda, el jujeño Eduardo Fellner y otros mandatarios les explicaron los alcances del Pacto y la conveniencia de aprobarlo. El gobierno nacional pretendió una ratificación celerísima de manera tal de mostrar ante los organismos internacionales la coincidencia de objetivos con el interior y la oposición.

Rispidez

Varios senadores, entre ellos el entrerriano Augusto Alasino, que no tienen gobernador del mismo signo político en su distrito, se quejaron por la liquidez de recursos que se les da a los mandatarios de la Alianza, en pleno año electoral.

El debate en la Cámara baja había generado cierta rispidez entre la Alianza y el PJ, cuando varios diputados de esta última bancada reclamaron que el PEN se comprometiera a no reducir las partidas de planes Trabajar a las provincias.

El salteño Marcelo López Arias hizo una moción en ese sentido, a raíz de declaraciones atribuidas al funcionario de la cartera laboral, Horacio Viqueira.

El colaborador frepasista de Patricia Bullrich había planteado, según López Arias, que serían suprimidos planes Trabajar como consecuencia de la caja de $ 225 millones incluida en el Acuerdo Federal, y que manejarán los gobernadores.