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Cuarto intermedio en juicio por la "masacre de Ramallo"
intermedio hasta mañana a las 10.
El octavo acusado, quien también podrá declarar mañana, es el de mayor rango, el comisario inspector Omar Isaías, quien al momento del hecho era segundo jefe de la DDI San Nicolás y que está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no preservar la escena del crimen.
Isaías es juzgado por su presunta responsabilidad en la desaparición de un handy con el que los delincuentes habrían escuchado la frecuencia policial y una ametralladora Uzi, que habrían utilizado los asaltantes y que podría pertenecer a la policía.
Chaves y Santillán fueron asesinados a balazos por los policías cuando eran llevados como escudos humanos por tres ladrones que habían asaltado la sucursal bancaria el 16 de septiembre de 1999 y luego de liberar a otros tres rehenes, tras 20 horas de negociaciones, intentaron huir en un auto.
La tercera rehén con la que se cubrían los delincuentes fue la esposa del gerente, Flora Lacave de Chaves, quien resultó herida a balazos por la policía pero sobrevivió a la masacre y es la principal testigo de este debate.
Por las balas policiales también murió el asaltante Javier Hernández, su cómplice Carlos "Negro" Martínez fue herido y el otro, Martín Saldaña, resultó ileso, aunque horas después murió ahorcado en el calabozo donde había quedado detenido por el asalto.
Este es el segundo juicio por el caso, ya que en septiembre de 2002 fueron condenadas en un primer debate siete personas pero sólo por el asalto al banco, y está prevista una tercera etapa sobre la responsabilidad de jefes del operativo y el posible encubrimiento de la masacre.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, presidido por Laura Inés Cosidoy, e integrado por Santiago Harte y Otmar Paulucci y transcurrirá durante los próximos 45 días en el primer piso de los Tribunales Federales rosarinos ubicados en boulevard Oroño al 900. El fiscal de juicio es Erik Warr.
Están convocados 200 testigos, pero la querella desistirá de de 150, por lo que finalmente declararán 50. Primero lo harán los peritos balísticos de Gendarmería considerados clave en el caso, luego lo harán los médicos forenses que practicaron las autopsias, después los policías y por últuimo los civiles, entre ellos Flora Lacave.
De acuerdo con la fiscal, la masacre ocurrió a las 4.10 del 17 de septiembre de 1999, cuando a 20 horas de que tres ladrones asaltaran y tomaran seis rehenes en el interior del banco, y liberar a un jefe de area del banco, un mensajero y un empleado de un canal de cable, los delincuentes salieron escudandose con Chaves, Santillan y Lacave.
Para ello, los tres ladrones emplearon el Volkswagen Polo verde que el gerente guardaba en el estacionamiento de su casa lindera al banco y tomaron como escudos humanos a sus tres rehenes.
El auto era conducido por Chaves, en el lugar del acompañante estaba el "Negro" Martínez -condenado en el juicio previo a 24 años de cárcel-, sentada arriba suyo la esposa del gerente, Flora Lacave, y en el asiento trasero, de izquierda a derecha, el ladrón Martín Saldaña, el contador Santillán y el tercer cómplice, Javier Hernández.
El auto salió por la calle Sarmiento y, de acuerdo con el requerimiento fiscal, en 36 segundos y medio recibió a lo largo de su marcha 48 balazos policiales de las cuales, según las pericias, 12 corresponden a armas calibre 5.56, 11 a nueve milímetros, 19 a Fusil Automático Liviano (FAL), calibre 7.62, y ocho no fueron identificados.
El Volkswagen Polo terminó incrustado contra un árbol en Sarmiento y Ginocchio y en su interior quedaron muertos los rehenes Chaves y Santillán y el ladrón Hernández, heridos Flora Lacave y Martínez e ileso Saldaña.
La primera jornada se inició con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las dos querellas que
representan a los familiares de Chaves y de Santillán, a cargo de los abogados Eduardo Maffía y Alba Alda, respectivamente.
Luego se leyó la elevación a juicio de la fiscal federal de San Nicolás Marta Poggio, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa junto al juez federal de esa localidad del norte bonaerense, Carlos Villafuerte Ruzo, el mismo que estuvo al frente del operativo en Villa Ramallo.

