Cuando Fernando de la Rúa, en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, mencionó ayer la posibilidad de un referéndum para sacar adelante la reforma política, la primera sorpresa se dibujó en la plana mayor del Ministerio del Interior. « Te juro que nadie sabía nada; ni siquiera 'Fredi' (por Federico Storani); deben ser ideas de los 'cerebros humeantes' de la Casa Rosada para presionar al Congreso», fueron las primeras e irónicas reflexiones escuchadas en el entorno del ministro. Más tarde los reflejos funcionaron bien y la reacción no se hizo esperar: el subsecretario del Interior, César Martucci, emitió una declaración calificando de « muy buena la propuesta del Presidente».
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Sin embargo, también introdujo la cuota de crédito para la cartera política, a 48 horas de debutar con un plenario de legisladores provinciales de la Alianza que apoyaron, aunque con reticencias, la reforma política propuesta: aludió así al «alto grado de coincidencias alcanzado el año pasado en torno al proyecto de reforma política en el Parlamento que derivó en un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado».
La alusión a las coincidencias fue deliberada. Tanto Storani como Martucci han estado trabajando con algunos senadores buscando lo que ellos llaman consensos, y que no se trata más que de acuerdos para sacar adelante proyectos como éste. «Y nunca se habló de convocar a una consulta popular», se reconoció de ambos lados. El peronista riojano Jorge Yoma, hoy ex menemista, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, admitió ayer haber hablado tanto con Storani como con Martucci. « La reforma tiene despacho favorable por unanimidad», afirmó Yoma. Sin embargo, para que llegue al recinto del Senado hace falta que los presidentes de bloques, en la Comisión de Labor Parlamentaria, así lo dispongan. Y no lo hacen porque todos cuestionan el límite a los aportes privados. Storani escuchó el argumento que para hasta ahora la media sanción del Senado a la reforma política: «Con los límites que les ponés a los aportes privados los únicos que pueden estar en campaña son los que tienen a favor el aparato del Estado». « Bueno, entonces modifiquémoslo», aflojó Storani, sabiendo que será cuestionado desde el Frepaso, el Catón de la Alianza. La otra variante, analizada entre Storani y Yoma, fue la de dejar fuera de la ley esos límites, y que el Ministerio del Interior los fije por una resolución en cada acto electoral, es decir cada dos años.
Para los senadores peronistas consultados, «es una bravuconada» del gobierno, buscando presionarlos para que aprueben la reforma política. Con los mismos argumentos del gobierno ya preparan pedidos de convocatoria a consulta popular para aumentar los sueldos de los jubilados -¿Sí o No?-, o para mayores salarios docentes -¿Sí o No?-, o para eliminar los gastos reservados, siempre por un acotado Sí o No.
Recordaron así que ha sido un repetido argumento de Carlos Chacho Alvarez por ejemplo, para promover en su momento la aprobación de la reforma laboral, aprovechando el descrédito de la dirigencia gremial entre la población. Como la consulta se agota en un terminante Sí o No, era fácil imaginar el desenlace. Sin embargo no pasó del amague y la reforma laboral terminó aprobada, y convertida en uno de los mayores escándalos por presuntas coimas que se conoce, incluida la renuncia del vicepresidente.
Estas iniciativas de Chacho Alvarez le trajeron más de un dolor de cabeza a De la Rúa. Como cuando quiso convocar a una consulta antirreelección de Carlos Menem, aconsejado por su entonces compañero de fórmula. Fue Raúl Alfonsín el que no sólo criticó la iniciativa sino que calificó por entonces a Chacho de «tactista», sólo interesado en los «golpes de efecto». Aún no lo había descubierto como socio político. «La gente no quiere golpes de efecto, quiere señales de que se puede gobernar», dijo antes de viajar a México el 20 de marzo del '99. Hasta Eduardo Duhalde en su momento reflotó la estrategia del plebiscito (también en marzo del '99) para frenar los amagues de Menem por su segunda reelección. Nunca pasaron de meros gestos.
Más allá de estas consideraciones, vale recordar que el artículo 40 de la Constitución aprobada en 1994 prevé que sólo el Congreso puede convocar a una consulta popular vinculante, es decir que su resultado obliga a los poderes del Estado. «El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática», reza el texto constitucional. Se trata de los que se denominan « formas indirectas de democracia». Y donde la consulta popular engloba tanto al referéndum como al plebiscito, aunque autores como Duverger, Duguit, Burdeau, Kelsen, Sánchez Viamonte y Bidart Campos opinen lo contrario. El Presidente también puede hacerlo (segundo parágrafo) pero sería en este caso «no vinculante». « En este caso el voto no será obligatorio.» Es decir que el gobierno está obligado a seguir sus resultados.
Otra forma de democracia indirecta es la iniciativa popular, contenida en el artículo 39 de la Carta Magna, dice que «los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses». Aun cuando para ser presentada, deberá contar con 3 por ciento del padrón electoral de propiciantes, con « una adecuada distribución territorial».
Sin embargo esta iniciativa popular tiene límites: no podrá recurrirse a este trámite para una «reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal».
