Sorda batalla en justicia electoral y el miércoles test clave para Consejo

Sorprendió reunión de Rosatti en Junta de Cámaras Federales, donde reeligió Leal y hubo rosario de pedidos. Miércoles se reúne labor y consejeros expectantes. Secretaría penal enfrenta a jueces con competencia electoral y la CNE.

La clásica reunión de los presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales de todo el país con la Corte Suprema que se llevó a cabo a mediados de la semana pasada cumplió con el ritual previsto y cerró con la reelección del camarista Javier Leal de Ibarra como “primus inter pares” para presidir la Junta por otro año más. Con asistencia casi perfecta de 28 magistrados en representación de sus jurisdicciones fue también el momento esperado para el rosario de pedidos que hicieron llegar al máximo Tribunal, la mayoría ligados a superintendencia (contratos, infraestructura, habilitaciones, etc). Utilizando el encuentro para transmitir apoyo a la Corte y cerrar filas con la foto, también hubo mención a la crisis de vacantes -con personal del Consejo de la Magistratura presente- y al tema del narcotráfico que se ha consolidado como el principal problema por delante, como lo advierte Ámbito desde hace meses.

Sin embargo, uno de los datos salientes ocurrió cuando, en plena Junta, el titular de la Corte Horacio Rosatti solicitó un receso de 10 minutos para atender una reunión. Coincidió con el traslado de los sillones de la Sala de Audiencias hacia el Patio de Honor por lo que una decena de presidentes de Cámaras que estiraban las piernas observaron que en uno de los extremos del Patio, Rosatti recibió a Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Por el contexto, un encuentro que se presume de lo más rutinario terminó por llamar la atención de algunos de los asistentes al encuentro. Máxime cuando esta semana está convocada, para el miércoles, la postergada reunión de labor o coordinación en el Consejo, donde se deben cerrar acuerdos mínimos para un temario común de cara al plenario de consejeros. Es la primera de este año. Está todo tan trabado que las pequeñas gestualidades son sobre analizadas.

Como adelantó este diario, la situación empantanada del Consejo ha requerido de reuniones sucesivas entre distintos sectores que como capas de cebolla buscan pulir alguna coincidencia que les permita ponerse de acuerdo, aunque sea, en qué posición adoptarán para discutir los temas. También quiénes están legitimados para ser los interlocutores para los bloques que representan. Definir las comisiones, su integración y sus autoridades -la vicepresidencia, entre otras- es lo que está en concreto sobre la mesa. De fondo, los estamentos más técnicos y del mundo judicial miran con desconfianza al bloque político ante la sospecha de que podrían jugar a trabar el funcionamiento del Consejo. En la otra vereda, el planteo es inverso. Se preguntan por qué motivo eso podría ocurrir si hay una voluntad de echar a rodar la máquina, aunque no con un sector que predomine y que pueda empujar mayoritariamente las decisiones. Es un partido de poker. El empate de fuerzas es lo que guiará todo. Por eso es relevante este primer test para evaluar cuál sería el esquema de funcionamiento posible.

No pasan desapercibidas las dos fechas que confirmó la justicia electoral para las PASO y las elecciones generales, en agosto y octubre. Por eso, podría haber una propuesta doble: que el reparto de comisiones refleje el equilibrio de fuerzas pero que también exista un criterio de temporalidad que, según el resultado electoral, pueda recalibrarse conforme al nuevo mapa de poder que se defina a partir de diciembre de este año. Un diagrama de transición que funcione como una póliza de seguro.

Entre las inquietudes de pasillo que sobrevolaron al mundo judicial está presente una pulseada al interior mismo de la justicia electoral, gran protagonista por el proceso que se apresta para las presidenciales. Los juzgados federales con competencia electoral, cabeceras de cada distrito en lo que refiere a la organización de las elecciones, disputan una sorda batalla con la Cámara Nacional Electoral (CNE) por la puesta en marcha de una secretaría penal en la órbita de ese tribunal, destinada a atender las derivaciones penales que puedan estar relacionadas con elecciones y partidos políticos. La cuestión es bien interesante porque esa secretaría podría absorber investigaciones que suelen estar reservadas para el fuero federal respecto al financiamiento de los partidos y fondos de campaña, lo que abre un abanico múltiple que, según como se implemente, podría tener impacto en un caso como el de “cuadernos”, por ejemplo, o con investigaciones derivadas por posible lavado si están ligadas a dinero que utiliza la política. Es amplio.

La creación de la secretaría penal fue una derivación de las modificaciones introducidas en la reforma de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y las atribuciones que confiere a la CNE en su artículo 146, de 2019. El tribunal que preside Alberto Dalla Vía y segundan Santiago Corcuera y Daniel Bejas buscó ponerla en funcionamiento en 2021. El texto de la norma preveía un apartado para los delitos que excedieran el Código Electoral y supusieran una pena privativa de la libertad en base al Código Penal. Para estos casos será competencia del juez electoral “la investigación de todos los delitos cuya acción penal dependiese de cuestiones prejudiciales de competencia electoral”. Toda la cuestión de rendiciones de gastos, financiamiento pero también producirá “la atracción por conexidad” de los juicios que se ventilaran en otros fueros y en todos los casos, la CNE será tribunal de alzada.

Cuando en octubre de 2021, la CNE delegó en la doctora Marcela Cabrera la nueva secretaría, lo hizo con las funciones de registración y seguimiento de las causas sobre faltas y delitos que tramiten bajo el procedimiento previsto en Código Procesal Penal de la Nación, la coordinación con el Ministerio Público Fiscal para establecer pautas de trabajo, la elaboración y seguimiento de un registro de delitos y faltas electorales del país, la coordinación y capacitación de referentes designados para la materia penal en las secretarías electorales de los Juzgados Federales con competencia electoral y la creación de manuales de trabajo de buenas prácticas.

El asunto se convirtió en un problema para los jueces federales que además, suelen tener bajo sus manos la competencia penal por vía separada a la electoral y responden a sus cámaras de apelaciones, en caso de tener que investigar estos delitos que antes no necesariamente se conectaban. Son los principales interesados en que la Corte no habilite la secretaría penal que puso en marcha la CNE y sobre la que hasta ahora, el máximo tribunal no se expidió. La pulseada es de poder.