Congreso español frenó polémica ley antidescargas

La polémica ley antidescargas del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que preveía el cierre de páginas webs que descarguen archivos protegidos por el derecho de autor, fue rechazada en el Congreso de Diputados, en medio de un gran movilización en la red en su contra.

La norma, conocida como "Ley Sinde" por la ministra de Cultura Angeles Gonzáles Sinde- e incluida en forma de disposición en la Ley de Economía Sostenible (LES), no logró superar la votación en la Comisión de Economía del Congreso, donde recibió 18 votos a favor, 20 en contra y una abstención.

Los socialistas lograron aplazar la votación hasta la última hora en busca de un acuerdo con los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU) tras el rechazo manifiesto del Partido Nacionalista Vasco (PNV), pero finalmente se quedaron solos.

Los catalanes, que inicialmente apoyaban la ley Sinde, condicionaron su voto a otros temas que nada tenían que ver con el debate en torno al cierre de las webs, como la fiscalidad nuclear, de transporte, vivienda o biotecnologías.

El texto pasará ahora al Senado, donde los socialistas intentarán introducir modificaciones para que la ley antidescargas adopte otra forma y vuelva al Congreso antes de quedar finalmente descartada.

Sin embargo, el gobierno de Zapatero no lo tiene fácil, puesto que el opositor Partido Popular (PP) tiene mayoría en la Cámara Alta, aunque previsiblemente intentará llegar a un acuerdo con el PNV.

Antes de la votación, la ministra de Cultura Angeles González Sinde, aseguró hoy que es "insostenible" que España sea "el único país de nuestro entorno que tiene un ADSL potente a la vez que unas reglas de juego inexistentes sobre Internet".

"Si protegemos más a los ladrillos que a las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos", afirmó luego en el Congreso, la diputada socialista Marta Gastón, al defender la medida.

Por su parte, el PP exigió que se aumentara la intervención judicial en el cierre de las webs, pero el PSOE consideró que había garantías suficientes puesto que será la Audiencia Nacional la que decida si autoriza o no el cierre de una página en base a las solicitudes que haga una Comisión de Propiedad Intelectual.

"Es la Justicia la que decide". "No podemos dejar desprotegido a un sector que da empleo a 800.000 personas y representa el 4% del PIB", señaló Gastón.

Más allá de los argumentos planteados, ningún partido parecía dispuesto a asumir el coste político de apoyar una ley que generó una gran protesta en la red y que motivo el lunes ataques de hackers a las páginas de varios partidos y del Congreso.

Los ciudadanos se movilizaron en Internet, especialmente a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, donde el "Sidergate" es el asunto más destacado en español, para denunciar la forma en el que gobierno pretendía aprobar la ley.

Entre otras medidas, la organización FACUA-consumidores en acción sumó más de 35.000 firmas que envió a los parlamentarios en apoyo a un manifiesto contrario a la ley, que aseguran, se elaboró "al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el gobierno estadounidense".