Economía

YPF-Maxus: la Argentina pide mudanza de juzgado para no pagar u$s14.000 millones

La Justicia de Delaware recibió ayer los escritos de ambas partes y ahora decidirá si amerita o no el cambio de jurisdicción. Si lo hace, el país ganará tiempo y podrá apelar en caso de un fallo negativo.

La Argentina le pidió al juez de la corte de Bancarrotas del Distrito de Delaware, Christopher Sontchi, que mude a un tribunal civil la causa que el estado de New Jersey lleva adelante contra la petrolera YPF por haber sido la propietaria de Maxus. Según los abogados que defienden a la petrolera argentina, el daño que se señala no correspondería a un delito comercial (y en consecuencia a un caso de bancarrota), sino a los efectos civiles de un hecho de eventual contaminación. Y, por lo tanto, sería un caso que debería ser tratado en otro tipo de jurisdicción. Si Sontchi aceptara el pedido, la Argentina ganaría tiempo para preparar una nueva defensa, además de la modificación de las leyes que se le aplicarían ante la confirmación del delito, reduciendo sustancialmente la pena. Esto, además de poder continuar la causa en diferentes instancias, incluyendo apelaciones a segunda instancia y hasta eventualmente recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por el contrario, el demandante le reclamó al magistrado que acelere los tiempos, y que rápidamente dictamine la responsabilidad de la Argentina en el delito por ser la última empresa responsable de Maxus. Y que lo que debe hacer el juez es determinar el volumen de esa responsabilidad, y abrir una rueda de negociaciones con la petrolera argentina.

Esto es lo que se desprende de la lectura de los dos escritos que el estado de New Jersey, como demandante, y la petrolera argentina, como acusada, entregaron al juez Sontchi. Fue en el primer encuentro formal por el caso iniciado por los daños ecológicos de los años 60 y 70 por la contaminación del río Passaic de parte de una compañía propiedad de Maxus. La demanda es exuberante: llega a los u$s14.000 millones. Según es director de FinGuru, Sebastian Maril, “en términos monetarios, esta causa es mucho más importante que la iniciada por accionistas de YPF por la expropiación de 2012. Sin embargo, podemos decir que se encuentra en etapas iniciales y aún faltan varios meses hasta que haya un fallo de primera instancia. Seguramente, la parte perjudicada en este primer fallo, apele a una corte superior”.

La causa comenzó hace 60 años, cuando se comprobó que Maxus Energy Corporation vertió en los años 50 pesticidas Dioxin, fabricados en la planta Diamond Alkali, en la ciudad Newark, en Nueva Jersey, fábrica que en esos momentos era de su propiedad. La denuncia la hizo el propio Estado local, al confirmarse que el río Passaic contenía este producto, altamente cancerígeno y uno de los más contaminantes de vías fluviales y utilizado por los marines norteamericanos en la guerra de Vietnam.

El Diamond Alkali es uno de los componentes básicos del desfoliante Agente Naranja. Las primeras presentaciones datan de fines de los 60, pero fue luego durante toda la década del 70 donde el estado de Nueva Jersey profundizó las demandas. Ante el juicio, y por la mala imagen de la compañía, Maxus modificó su nombre rebautizándola Diamond Shamrock, empresa que luego fue vendida a Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. A fines de los ’80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

El caso continuó sin resolución durante décadas; pero siempre estuvo activo. En 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, luego de la apertura de las acciones de la petrolera a los privados y durante la gestión de José Estenssoro como presidente de la compañía compró Maxus por unos u$s762 millones con el objetivo de expandir a YPF dentro del mercado norteamericano. Y de allí convertirla en una empresa multinacional. Estenssoro siempre confió en el potencial de Maxus, especialmente por las inversiones con las que contaba dentro del continente latinoamericano, particularmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Maxus tenía una gran cantidad de deudas, las que se fueron saneando para luego comenzar un proceso de traspaso de activos hacia YPF por casi u$s1.000 millones.

Durante la gestión de Repsol, la empresa quedó abandonada, acumulando pasivos por más de u$s300 millones, sumando además deudas con proveedores y con su personal. En 2012 (el mismo año de la renacionalización), la corte de Delaware falló en contra de Maxus y Tierra. Durante la gestión de Miguel Galluccio se ordenó un estudio puntual sobre la situación real de la petrolera y sus potencialidades cuyos resultados determinaron que lo mejor era el cierre de la empresa y su presentación en concurso.

Gallucio dejó la conducción de YPF, pero el informe fue tan lapidario (Maxus no dio rendimientos en ninguno de los ejercicios en los que operó bajo el ala de la petrolera argentina), con lo que con la llegada de Miguel Angel Gutierrez como presidente de YPF se decidió avanzar con la quiebra definitiva. El anuncio se hizo el 22 de junio de 2016, mencionando que las empresas Maxus Energy Corporation, Tierra Solutions, Maxus International Energy Company, Maxus (US) Exploration Company y Gataway Coal Company, se presentaron en bancarrota en Wilmington, Delaware, donde estaba radicada la petrolera. Gutierrez tomó la decisión, luego de analizar, a partir del informe de Gallucio, que la empresa era inviable y que tenía causas judiciales pendientes que la convertían en una bomba de tiempo. Luego de la presentación de 2016, fue el estado de New Jersey el que pidió la intervención de la causa, advirtiendo que lo que se intentaba desde la petrolera argentina era desligarse de sus responsabilidades del caso de la contaminación del río Passaic.

La causa fue analizada por el juez Christopher Sontchi, de la corte de Bancarrotas del Distrito de Delaware, que abrió la demanda y el 20 de febrero pasado dictaminó que la causa debería seguir adelante, rechazando un pedido de YPF para cerrar el caso y abriendo una etapa de investigación sobre si existe o no responsabilidad de YPF por los efectos de la contaminación provocada por Maxus, al haber adquirido la petrolera en 1995.

El argumento de la petrolera argentina como principal defensa, según el escrito presentado ayer, es que al tratarse de un caso de contaminación y de daño ambiental, se debe tratar en un juzgado civil y con leyes que no tienen que ver con los efectos económicos de una bancarrota o quebranto. Y que, en consecuencia, debería mudarse su tratamiento a otro juzgado, con otras reglas jurídicas. Además mencionó la petrolera que durante la operación realizada en 1995 se firmó una cláusula por la cual se pagaron unos u$s130 millones a los antiguos propietarios de Maxus (más otros u$s65 millones de un préstamo puente); para formar un fondo de quiebras que atendiera todas las causas aún abiertas, incluyendo las correspondientes a daños ambientales. Y que, en consecuencia, las eventuales culpabilidades que podrían haber recaído sobre YPF habrían quedado ya saldadas con ese pago.Se argumenta además, que en el momento de la compra de Maxus en 1995, la planta productora de Diamond Alkali (la que vertió el Agente Naranja al río), ya no era propiedad de la petrolera norteamericana. Sin embargo, este argumento no bastó en su momento para convencer a Sontchi de la falta de responsabilidad de YPF.

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