Alertan que despidos en Renatea precarizan al peón rural y facilita la trata en el campo
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Según consideran los sindicalistas, el "desguace" es un objetivo compartido entre las cámaras empresarias del campo y Venegas, jefe del gremio de los peones rurales Uatre y aliado incondicional de Cambiemos, que tras la asunción del Presidente recuperó el control pleno del Registro.
La justificación de los nuevos despidos masivos en el Estado es un fallo de la Corte Suprema que en noviembre del año pasado admitió un cuestionamiento a la ley 26.727 -sancionada en el kirchnerismo-, que le quitó a la Uatre del "Momo" y a las entidades patronales del agro el manejo del antiguo Renatre y creó en su reemplazo el Renatea.
Pero la situación se vio agravada al momento que UPCN firmó un acta acuerdo por el cual se derogó el Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Registro. Esa decisión permitió los 600 despidos, ya que considera "extinguida" la relación laboral para los contratados desde 2012 al 2015, aunque prevé una indemnización de hasta seis meses de sueldos.
En este marco, ATE Capital intimó al Ministerio de Trabajo a reubicar a los despedidos y exigió frenar el "desamparo" en el quedaron los empleados de la entidad, tras el desembarco de los nuevos funcionarios a cargo de Venegas.
En la carta a la que accedió este medio solicitan la continuidad laboral o reubicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional, el sostenimiento del Convenio Colectivo, el reconocimiento de la estabilidad laboral, la inmediata aplicación del aumento salarial acordado en paritarias y el cese de la persecución contra empleados y sindicalistas. Ese pedido fue recibido el secretario de Empleo de la cartera laboral, Miguel Ángel Ponte, quien se comprometió a entregarlo al ministro Jorge Triaca y al Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.
En paralelo, Guido Mapik Godoy, de la mesa federal de ATE Renatea, adelantó que los diputados del Frente para la Victoria impulsarán una ley elaborada por los trabajadores desplazados que busca evitar el vaciamiento y garantiza continuidad de las funciones del organismo a pesar del fallo de la Corte. "Lo fundamental es continuar con todas las garantías que el registro le brindaba a los trabajadores rurales", dijo el técnico administrativo.
Según datos del propio Registro, desde 2013 se fiscalizaron 1.780 establecimientos rurales, donde se desempeñan 154.000 trabajadores, y a 11.700 empleadores. En ese período, se realizó más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral e infantil. Hoy, las inspecciones y detecciones de casos e irregularidades están paralizadas.
Para Arancibia lo peor está por venir. "Eliminar las acciones del Renatea es la victoria de las corporaciones patronales agrarias, que no sólo tendrán los beneficios de la eliminación de las retenciones y la devaluación, sino que necesitan la flexibilización de las condiciones de empleo de los trabajadores agrarios, se trata de la revancha de estos sectores que pagarán los trabajadores agrarios en la desprotección. Vienen por las ochos horas de trabajo que conquistaron los trabajadores rurales con el Estatuto de 2011", concluyó.
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