El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cerró este último lunes en Casa de Gobierno un acuerdo con 14 intendentes y una decena de comisiones de fomento para reforzar, de manera transitoria, los recursos de los municipios que más crecieron en población en los últimos años. El mecanismo, bautizado como Compensación Financiera Transitoria, sumará unos $1.029 millones mensuales financiados con fondos propios del Tesoro provincial, sin quitarle recursos a las localidades que quedaron afuera del esquema.
Alberto Weretilneck acordó un bono de $1.029 millones mensuales para 14 municipios a menos de un año de las elecciones provinciales
El gobernador firmó una compensación financiera transitoria y saldó, al menos por ahora, una promesa que arrastraba desde su discurso de apertura de sesiones de 2025. El acuerdo llega en un año donde la coparticipación federal cayó más de 10% en términos reales, la Nación sigue reteniendo fondos del impuesto a los combustibles y con comicios locales a la vista.
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El acto de la firma de la Compensación Financiera Transitoria para 14 municipios se realizó en la Casa de Gobierno.
"Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible", resumió el gobernador al justificar una salida de compromiso frente a un reclamo que él mismo había instalado hace año y medio, durante la apertura de sesiones legislativas de 2025, cuando prometió una reforma integral de la ley de coparticipación municipal. La discusión de fondo, sin embargo, quedó trabada porque tocar los índices vigentes suponía quitarles plata a unas ciudades para dársela a otras, un costo político que Weretilneck terminó esquivando con esta fórmula intermedia.
El esquema alcanza a Cipolletti, Bariloche, General Roca, Fernández Oro, El Bolsón, Catriel, Darwin, Los Menucos, Dina Huapi, Comallo, Guardia Mitre, Cervantes, Ramos Mexía e Ingeniero Huergo, además de trece comisiones de fomento y San Javier. Cipolletti, impulsada por la cercanía con Vaca Muerta, es la principal beneficiada porque sumará cerca de $319 millones adicionales por mes.
Su intendente, Rodrigo Buteler -que además preside el partido de gobierno Juntos Somos Río Negro- vinculó ese refuerzo con el ritmo de crecimiento de la ciudad, ligado a la actividad hidrocarburífera y a la llegada de nuevas empresas, y admitió que a la gestión local le cuesta mantener la infraestructura al día con esa demanda; por eso, dijo, "la compensación llega en un buen momento".
Bariloche, por su parte, recibirá unos $195,9 millones mensuales -cerca de $2.350 millones al año-, fondos que, según el convenio, deberán destinarse a servicios, infraestructura y bienes de capital, sin poder usarse para gastos de personal.
Su intendente, Walter Cortés, llegó a la firma después de haber cuestionado públicamente, semanas atrás, que la Provincia venía beneficiando con inversiones a Cipolletti por encima de Bariloche, un reclamo que había esbozado en medio de la negociación por este mismo esquema de compensación. Cortés y el gobernador sellaron una alianza, como lo informó Ámbito, para las inminentes elecciones a convencionales constituyentes para modificar la Carta Orgánica barilochense.
No todos salieron igual de conformes porque la intendenta de General Roca, María Emilia Soria -la segunda ciudad más poblada de la provincia y con volumen propio de cara a 2027- cuestionó que sus propuestas no hayan sido incorporadas a la discusión y remarcó que su municipio recibirá apenas unos $50 millones, seis veces menos que Cipolletti. Ante la prensa reconoció que se iba con un sabor agridulce y planteó que el esquema termina beneficiando a un solo municipio en detrimento de muchos otros que, según su lectura, incluso perdieron población y desarrollo económico en los últimos años.
Aun con las diferencias a la vista, evitó romper la foto de unidad. De todos modos, anticipó que gestionará los recursos que le correspondan y que, si algún día llega a la Gobernación, impulsará una actualización de la ley. "Económicamente, así sea un millón o 50 millones, yo voy a venir a gestionarlos, como corresponde. Porque es para mi comunidad y lo vamos a invertir como corresponde", afirmó ante los medios presentes.
La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, también llegó con reparos a la firma y había sido una de las voces más críticas durante el debate original, en especial por el reparto de las regalías hidrocarburíferas. Esta vez planteó que los cerca de $40 millones que recibirá su ciudad resultan insuficientes. "Nos gustaría que fuese mucho más para dotar de más infraestructura a nuestra ciudad", sostuvo. El convenio ya ingresó a la Legislatura, en donde el oficialismo pretende un trámite exprés en comisiones y se trataría en la sesión prevista para este jueves.
Una foto que tranquiliza
El momento elegido para la firma del acuerdo no fue casual porque Río Negro empieza a transitar los primeros movimientos hacia las elecciones provinciales de 2027 y Weretilneck viene insistiendo en desdoblar los comicios locales de los nacionales, con una ventana que asoma entre abril y junio.
"Somos defensores del desdoblamiento de elecciones porque nos permite concentrarnos más en los temas", planteó recientemente el gobernador en una conferencia de prensa, aunque todavía no confirmó si buscará una nueva reelección. Cerrar filas con los intendentes -incluidos nombres con proyección propia, como Soria, y aliados circunstanciales como Cortés en Bariloche- le permitiría a Weretilneck neutralizar, al menos por ahora, un frente de reclamos que tanto la oposición como dirigentes de su propio espacio podían capitalizar como insumos de campaña.
Menos para repartir
El reclamo de los intendentes no ocurre en el vacío porque según un informe presentado ante la Cámara de Diputados, la coparticipación federal cayó más de 10% en términos reales durante los primeros meses de 2026, lo que redujo la masa de recursos que las provincias distribuyen, a su vez, entre sus municipios.
A esa merma se suma un conflicto de arrastre con el impuesto a los combustibles. De este tributo las provincias reciben apenas alrededor del 10% de lo recaudado, mientras el grueso queda en manos de la Nación que, además, viene subejecutando el fondo destinado a obras viales en el interior. Legisladores del interior reclamaron al Gobierno que informe el destino de unos $120.000 millones retenidos en 2025 y que, según la normativa, deberían haberse coparticipado.
El propio Congreso intentó destrabar ese frente semanas atrás, cuando una reforma para coparticipar el impuesto a los combustibles no alcanzó la mayoría agravada necesaria en Diputados, en una votación que dejó en evidencia las diferencias entre los propios gobernadores.
La tensión por la coparticipación municipal también alcanza a otros distritos, como Mendoza, en donde el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos de la provincia, mientras algunos intendentes como Marcos Calvente, de Guaymallén, reclama en paralelo un nuevo esquema de reparto de recursos.



