Apoyo a empresas recuperadas

En lo que fue la primera sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto que declara la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia, por dos años.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof y que había sido aprobada en marzo en Diputados, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y suspende la ejecución de desalojos, el corte de servicios públicos y el remate de bienes mientras dure la emergencia.

Los senadores ayer además votaron la adhesión a la Ley Nacional 27.506 de “Promoción de la Economía del Conocimiento”, tras lo cual fue girada a Diputados.

Ese proyecto en rigor contaba ya con el aval de la Cámara baja. Pero un retoque en el texto concretado ayer -a instancias de un pedido que brotó desde Mar del Plata, para agregar la palabra “distrito” al paquete de “polos y/o parques”- dilató la conversión final en ley.

“En nuestra ciudad, que es faro en esta materia con importantes empresas en el sector TIC, esto impacta en el distrito creado por el Concejo y por todas las ordenanzas que se están trabajando en esta materia”, argumentó el senador radical marplatense Ariel Martínez Bordaisco, en declaraciones consignadas por La Capital de Mar del Plata.

En la sesión presidida por Verónica Magario también fue aprobado ayer el proyecto de adhesión al Régimen de Fomento de la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.

En paralelo, los senadores aprobaron la Ley de Identidad de Origen, que “garantiza el acceso al derecho primario a todas las personas que están buscando a sus familias”.

El proyecto de ley de emergencia de empresas recuperadas había sido enviado por Kicillof a la Legislatura en noviembre pasado.

En los fundamentos, la administración bonaerense argumentó que “la declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer la asistencia y trato diferencial que se requiere en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas, organizadas bajo la naturaleza jurídica cooperativas de trabajo”.