Apura hoy Lavagna ley fiscal ante provincias

Item exigido por el FMI, hasta ayer sólo Jujuy y Tucumán se sumaron por ley a esa norma, mientras que Salta y Neuquén ya anticiparon su no adhesión. Sin embargo, pesos pesados como Buenos Aires (ver aparte) y Santa Fe ayer hicieron pública su decisión de avalar la ley que límitará el endeudamiento y el gasto provincial 2005. En el caso de distritos sin demasiados apremios financieros, los ministros desembarcan hoy en el Palacio de Hacienda con una actitud poco permeable, ya que no ven la conveniencia en adherir a un instrumento que sólo les impondría controles a cambio de ningún beneficio.
El gobernador neuquino Jorge Sobisch es uno de los abanderados del rechazo a la Ley Fiscal y ayer tensó el clima ratificando que «no firmará» si antes no se reabre el debate por una nueva Ley de Coparticipación. Misma postura sostiene el salteño Juan Carlos Romero, que ya envió una carta a Roberto Lavagna anticipando su negativa y marcando duras críticas a la ley.
Lavagna y el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, recibirán hoy a las 10.30 a los ministros de Economía provinciales para acelerar la reglamentación de la ley e intentar captar la mayor cantidad de adhesiones posibles al instrumento. «Será una reunión muy importante para acercar posiciones», anticipó Mosse, en vista de que hasta el momento sólo Jujuy y Tucumán cumplieron con este trámite, mientras el resto de los distritos aguarda por la reglamentación. Por caso, las «grandes», Buenos Aires y Santa Fe, y Entre Ríos y Misiones, ya han manifestado que darán el OK, siempre y cuando se supere esta etapa técnica.
La adhesión de todas las provincias a la Ley Fiscal es uno de los requisitos acordados con el FMI, tras la caída de la discusión por la Coparticipación. La zanahoria que el Palacio de Hacienda pone frente a las provincias más endeudadas es que la inclusión en la ley es condición necesaria para acceder a una refinanciación de deuda y a un posterior financiamiento nacional.
Aún así, también existen trabas internas en algunas provincias, como en el caso de Misiones, que si bien confirma el apoyo a la ley no puede darlo formalmente debido a que la Legislatura, dominada por la oposición, se niega a aprobar el proyecto que el Ejecutivo envió hace ya 45 días. Justamente, el oficialista Frente Renovador llevará hoy a Buenos Aires el pedido a Nación para que interceda con legisladores del PJ provincial, en vista de que a nivel nacional el partido aprueba la ley. La preocupación aquí radica en que los vencimientos de capital ascienden a $ 200 millones en 2005 y $ 300 millones en 2006, por lo cual necesita acceder al financiamiento nacional sí o sí.
Pero el principal contratiempo surge desde gobiernos como Salta y Neuquén, que tienen sus economías sin demasiados apremios. En esa situación se encontrarían San Luis y La Pampa, que en caso de no
recibir algún tipo de incentivo -fondos

extra para obras, por caso- no encontrarían beneficios en adherir a una ley que impone topes al gasto y endeudamiento y regula la economía provincial en general.
Desde la ciudad de Corrientes, donde viajó en el marco de su campaña presidencial para 2007, Sobisch sostuvo que «La ley (fiscal) establece requisitos sólo para las provincias y nada para la Nación», y que es el Ejecutivo federal «el primero en no cumplir la norma», apuntando a los superpoderes con que se ungiría al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que permitiría aprobar modificaciones presupuestarias para aumentar los gastos.
Por su parte, el neuquino reclamó por el bajo índice de coparticipación que tiene su provincia y opinó que «si hubiera una ley de coparticipación equitativa, por la que los recursos no se distribuyeran 60% para la Nación y 40% para las provincias, si no se le impusieran restricciones a los productos que generan riquezas genuinas y ese dinero no fuera directamente a las arcas del gobierno nacional, muchas provincias podrían asumir sus compromisos sin tener necesidad de pedir fondos al gobierno nacional».
«No firmé la ley de coparticipación, ni el Plan Jefas y Jefes de Hogar, ni el Plan Nacional de Seguridad de (Gustavo) Béliz, porque creo que el gobierno nacional no debe seguir dando limosnas. Nos tiene que ayudar a generar puestos genuinos de trabajo», culminó Sobisch.