Arranca inédito juicio en Córdoba

Ambito Nacional

Córdoba - Por primera vez en la historia provincial y nacional, un funcionario será juzgado bajo el sistema de jurados populares, que incluyen la participación de ocho ciudadanos comunes en la definición de la culpabilidad o inocencia del acusado.
Se trata del ex fiscal de Instrucción Eduardo Nievas, cuya suerte comenzará a ventilarse desde el próximo 5 de mayo en la Cámara 6ª del Crimen de la capital provincial.
El tribunal «mixto» deberá determinar si Nievas es culpable de los supuestos delitos de exacciones ilegales y defraudación, que contemplan penas de hasta seis años de prisión.
Nievas -designado en el marco de una emergencia judicial- fue denunciado en 2004 por el dueño de un puesto de venta de choripán por supuestamente haberle solicitado 5 mil pesos para «manejar» una causa por la cual uno de sus hijos estaba detenido.

 Motivos

Acosado por ese y otros cuestionamientos -ya había sido señalado anteriormente por ser blanco de embargos por grandes deudas-, finalmente el magistrado renunció a mediados de ese año.
Ahora, tras algunas complicaciones para integrar el tribunal, finalmente los jueces -según lo consignado por el diario «La Voz del Interior»- serán Alberto Crucella, Julio Guerrero Marín y Ricardo Iriarte, mientras que además incluirá la presencia de ocho ciudadanos comunes. La acusación estará a cargo, en tanto, del fiscal de Cámara Manuel Sánchez.
Los juicios por jurado debutaron en Córdoba en agosto de 2005 (fue la primera provincia en aplicarlos), y en 2006 dictaron su primera cadena perpetua. Fue en la localidad de Villa María, para un joven acusado de matar a una remisera de 11 puñaladas.
Se trata de un sistema que caracteriza el funcionamiento de la Justicia de los Estados Unidos, y que en su capítulo cordobés fue impulsado por el por entonces gobernador José Manuel de la Sota, con el apoyo de Juan Carlos Blumberg.
La modalidad contempla la participación de ocho jurados populares -«simples» ciudadanos- y tres jurados «técnicos», que son los miembros de un Tribunal.
Mientras los once jurados tienen voz y voto a la hora de decidir la culpabilidad o inocencia de un acusado, son los técnicos los que definen el grado de la pena.
Según la ley, la figura se aplica en casos de delitos aberrantes, hechos de corrupción y delitos económicos.

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