Asambleas y movilizaciones contra suba de impuesto

Los ruralistas de Entre Ríos se movilizan desde hoy para definir las acciones contra el aumento del Inmobiliario.

Arrancan hoy asambleas y movilizaciones de productores rurales en contra de la suba del impuesto inmobiliario, que en algunos casos trepa al 600%. En Entre Ríos, se declararon en estado de alerta ante los «desmedidos» aumentos impulsados por el Gobierno del kirchnerista Sergio Urribarri, en tanto la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se reunió ayer para definir los pasos a seguir ante «las versiones no desmentidas» de la gestión de Daniel Scioli de incrementar el revalúo del gravamen.

«Los primeros avisos de pago, que representan un aumento excesivo y desproporcionado de hasta el 600% en relación con el año pasado, causaron absoluto rechazo e indignación en los productores de toda la provincia de Entre Ríos», dijo el vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y anunció que la Mesa de Enlace provincial realizará una asamblea en la localidad de Diamante hoy a las 19.

La ronda de movilizaciones rurales continúa el sábado 31 a las 15, con una asamblea en la Sociedad Rural de La Paz frente a la gran preocupación por las subas en el tributo. «El campo ya sufre una presión impositiva confiscatoria que se ve agravada por el aumento de los costos en dólares y por los gravísimos problemas para la venta de nuestros productos, como el trigo y el maíz, que aún no se han resuelto», señaló el dirigente y agregó que «el incremento del impuesto inmobiliario desalienta las posibilidades productivas y la inversión, disminuyendo las oportunidades de desarrollo del interior».

Incomprensible

Por su parte, en Buenos Aires, la CARBAP -que ya pidió una audiencia con Scioli para elevar su preocupación compartida por la SRA- subrayó como «incomprensible» la intención del Gobierno provincial de querer aumentar cuando hay «más de 70 distritos en estado de emergencia y/o desastre agropecuario».

«La situación que atraviesan los establecimientos agropecuarios es preocupante, más aún cuando muchos de esos distritos carecen todavía de la tan anunciada ayuda prometida por el Gobierno nacional a través de la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario», señaló la Confederación en un comunicado y rechazó «cualquier intención de aumento desmedido en el impuesto inmobiliario, sumado a la presión impositiva confiscatoria que ya sufre el sector agropecuario».

Explicó que la presión es «producto de la sumatoria de retenciones, impuestos nacionales y municipales, entre otros, agravada hoy por la suba de los costos en dólares de los insumos, que atentan contra la competitividad sectorial».

Se «agregan los nunca solucionados problemas de comercialización de trigo y maíz ocasionados por erróneas políticas nacionales, que provocan un grave perjuicio no sólo a los productores, sino al país en su conjunto», señaló la entidad que preside Alberto Frola.