Sin embargo, la ministra Graciela Camaño prorrogó hasta fin de mes la inscripción de los beneficiarios a la contraprestación -el plazo vencía el 31 de octubre pasado- porque quiere llegar antes de fin de año a 90 por ciento del padrón inscripto. El gobierno nacional tiene previsto que el programa sea sostenido en el tiempo con un crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares. Ahora, los voceros de Camaño aseguran que la entidad crediticia quiere doblar la apuesta y que ese monto sea de 600 millones.
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A pesar de esto, en previsión de problemas con los beneficiarios, las provincias pidieron la prórroga de Camaño porque temen que muchos queden sin el beneficio. El panorama es dispar en todo el mapa nacional. Según datos del ministerio, en la provincia de Buenos Aires hay 54,5% del padrón inscripto en su respectiva contraprestación. En tanto, en Santa Fe hay 80% y en La Rioja 94%.
La contraprestación laboral se hizo difícil de poner a punto, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Por caso, en las ciudades de Rosario y Santa Fe, donde el número de beneficiarios es de 60.000 y 25.000 respectivamente. Según aseguró a este diario el secretario de Trabajo santafesino, Oscar Ercoli, en esos distritos falta inscribirse 25% del padrón a la contraprestación, cifra que en municipios chicos cae a 10%.
Fuentes confiables sostienen que algunos de los inconvenientes en el relevamiento se deben a que muchos de los anotados en el Jefas y Jefes de Hogar podrían estar trabajando en negro, lo que les impide cumplir con la actividad que se brinda a cambio de los 150 pesos mensuales que les paga Camaño. El mensaje, sin embargo, intenta ser claro por parte de las autoridades: quien no trabaje o estudie a cambio del beneficio quedará afuera del programa.
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