Buenos Aires declaró la emergencia económica y crece la disputa con los municipios por los fondos

El gobierno de Axel Kicillo presentó la medida en el Presupuesto 2026. Además, se avaló un gasto total de $43 billones.

El gobierno de Axel Kicillof decretó la emergencia económica. 

El gobierno de Axel Kicillof decretó la emergencia económica. 

PBA

La administración de Axel Kicillof y la legislatura bonaerense aprobaron este jueves la declaración de emergencia económica para toda la provincia de Buenos Aires y para sus 135 municipios, una medida que formó parte del paquete del Presupuesto 2026 avalado durante la madrugada. La vigencia de la emergencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

La legislatura también dio luz verde a la Ley Impositiva, aunque la Ley de Financiamiento, que incluye la posibilidad de endeudarse por u$s3.035 millones, quedó en suspenso hasta el viernes, en medio de tensiones sobre el monto que se transferirá de manera directa a las intendencias.

El texto sancionado fundamentó la emergencia económica provincial y municipal en “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas”. Según la norma, esa situación deterioró el federalismo fiscal y puso en riesgo servicios esenciales, “en detrimento de los bonaerenses”.

Qué aprobó la legislatura de la porvincia de Buenos Aires

En la sesión nocturna, la provincia avaló un gasto total de 43 billones de pesos. A través de leyes específicas, también se aprobaron los presupuestos de Diputados y Senadores, que representaron el 0,9% del total, alrededor de $387.000 millones, votados sin difusión pública del detalle.

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La emergencia económica se presentó en el Presupuesto 2026 de PBA.

La emergencia económica se presentó en el Presupuesto 2026 de PBA.

La única pieza pendiente es la Ley de Financiamiento. El gobernador Kicillof pidió autorización para tomar u$s 3.035 millones, con el objetivo de cancelar deudas previas.

“El Presupuesto y la Ley Impositiva son dos leyes importantes. Falta la Ley de Financiamiento”, afirmó Gustavo Pulti desde Unión por la Patria. Y añadió: “La provincia no debería tener problemas para financiarse con un tercio del dinero que le quitó Nación, ya que se participa a los 135 municipios y se les garantiza un fondo no supeditado al mercado”.

La discusión que frenó la aprobación del financiamiento giró alrededor del Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque el martes se acordó un fondo de $352.000 millones, persistieron desacuerdos sobre cuánto de ese monto se girará en forma directa a los municipios.

Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones de pesos. Es inaceptable”, señaló un legislador de UCR + Cambio Federal, espacio que acompañó en general el Presupuesto y la Ley Impositiva.

El debate por el endeudamiento

En la versión original, el artículo 3 distribuía el 8% de un endeudamiento de u$s 1.990 millones hacia los municipios. Luego, el Ejecutivo aceptó extender ese porcentaje al total del endeudamiento solicitado, es decir u$s 3.035 millones.

Aun así, dentro de Unión por la Patria persistieron diferencias. Sectores vinculados a La Cámpora aseguraron que el monto real requerido por Kicillof ascendía a u$s 3.685 millones, cifra superior a la informada por el ministro de Economía, Pablo López.

El miércoles, horas antes de la sesión, Kicillof mantuvo un encuentro con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, referente de Máximo Kirchner. Allí se selló el apoyo al Presupuesto y a la Ley Impositiva, y se resolvió continuar en los próximos días la discusión sobre la presidencia de la Cámara baja y la estrategia legislativa de Unión por la Patria, junto con la definición final de la Ley de Financiamiento.

Nueva carga impositiva sobre títulos nacionales

Entre los cambios incluidos en la Ley Impositiva se incorporó una alícuota del 9% sobre las rentas obtenidas por entidades financieras a través de la compra de títulos públicos emitidos por Nación.

El impuesto no alcanza a los bonos de otras provincias ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco a instrumentos emitidos por municipios ni a las obligaciones negociables de empresas privadas.

El artículo 99 de la nueva Ley Impositiva modificó el artículo 207 del Código Fiscal, encargado de definir las exenciones de Ingresos Brutos en el rubro financiero. El texto finalmente aprobado añadió: “Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras en las operaciones con títulos emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.

Es demencial”, sostuvo el diputado del PRO Matías Ranzani, quien pidió que Kicillof evite promulgar ese artículo. El bloque opositor votó en contra de la modificación impositiva, que igualmente fue avalada por mayoría.

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Qué significa declarar la emergencia económica

Cuando un Estado se declara en emergencia, ya sea en materia económica o fiscal, se habilita un esquema excepcional que reduce trámites y acorta procesos administrativos para permitir decisiones más rápidas. Este marco también abre la puerta a que el Gobierno pueda dictar decretos sin requerir la aprobación inmediata del Congreso.

La Ley de Emergencia Económica funciona como una herramienta jurídica que otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, entre ellas la posibilidad de modificar alícuotas impositivas o reasignar partidas presupuestarias.

Este instrumento tuvo un papel central durante la gestión de Carlos Menem, cuando se utilizó para avanzar con programas de privatización y desregulación estatal. Más tarde, tras su reactivación en enero de 2002, todos los gobiernos posteriores administraron bajo el paraguas de la “emergencia”, con la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver situaciones calificadas como urgentes.

Aunque la ley originalmente estaba diseñada para regir por dos años, cada vez que se acercó su vencimiento el Congreso, a pedido del Ejecutivo, aprobó nuevas prórrogas por períodos similares. La última extensión ocurrió a finales de 2015, durante el cierre del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La administración de Mauricio Macri decidió no renovarla recién en 2018, aunque igualmente utilizó su marco durante parte de su gestión.

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