28 de noviembre 2005 - 00:00

Buscan abrir cajas sin orden judicial

En la búsqueda de mejorar los ingresos impositivos durante 2006, Solá avanzará en el llamado «Superplan» a través de tres proyectos de ley que serán entregados en el Parlamento bonaerense el 9 de diciembre e incluyen modificaciones al Código Fiscal y otras normas tributarias con el fin de ampliar las atribuciones de la oficina de la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense, que dirige el mediático Santiago Montoya. Los proyectos pretenden, entre otras medidas, que se habilite a Rentas a intervenir y abrir directamente, sin orden judicial, las cajas de seguridad bancarias, y a decretar embargos de bienes, fondos y activos financieros de deudores del fisco provincial.
También prevé habilitar a Rentas para detener y secuestrar automóviles de gran valor que tengan deudas superiores a 20 por ciento de su valuación fiscal, y pedir que sólo se otorgue la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuando el automovilista no registre deudas impositivas.
En los proyectos se pide además la creación de un grupo de
policías fiscales que custodiarán la tarea de los inspectores en sus operativos antievasión y se reclama la creación de juzgados tributarios. Según estimaciones de Montoya, los juzgados tributarios permitirían acelerar los procesos judiciales y recaudar «entre
$ 500 y $ 1.000 millones más cada año de aquí a 2007».

En los proyectos se pide la posibilidad de trabar medidas cautelares en sede administrativa antes del inicio del apremio y exigir garantías para el otorgamiento de planes de regularización como puede ser una fianza, seguro de caución o hipoteca.
De aprobarse los proyectos -Solá aumentará su poder en ambas cámaras a partir de la renovación de legisladores del 10 de diciembre-, Rentas quedará habilitada para disponer la retención de pagos que les sean debidos a deudores del fisco y llevar adelante, por sí, sin intervención judicial, la ejecución de sentencias firmes de trance y remates dictadas en el marco de los apremios.
Además, se obligará a grandes empresas a abrir al fisco sus bases de datos informáticas. En tanto que en materia catastral, se buscará establecer una nueva metodología de cálculo para fijar el valor fiscal de los inmuebles. Los proyectos incluyen la posibilidad de una valuación fiscal sobre base presunta cuando los titulares no declaren y Rentas tenga información respecto de obras y mejoras no declaradas.

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