Con críticas de las provincias, avanza nueva ley de educación

Daniel Filmus

En el interior argumentan que el esfuerzo para solventar el aumento del gasto educativo que se dispondrá debería ser repartido en partes iguales entre Nación y provincias, pero el proyecto de ley impone una relación de 40%-60%, respectivamente. En la actualidad, la Coparticipación Federal impone un reparto de gasto a razón de 27% para Nación y 73% para provincias.

A su vez, tampoco convence a los provinciales (legisladores de oposición y algunos ministros de Educación radicales) que el financiamiento de la educación quede atado al comportamiento del PBI nacional.

• Inversión

El proyecto de ley en discusión establece que la inversión deberá llegar progresivamente a 6% del PBI entre 2006 y 2010, cuando en la actualidad afecta 4,3%. El proyecto estipula que en 2006 la cifra aumente a 4,7%, en 2007 a 5%, en 2008 a 5,3%, en 2009 a 5,6% y en 2010 a 6%.

También preocupa a las provincias -especialmente a las carteras de Economía- la interpretación de la inversión educativa y si es que también se está incluyendo a las universidades, ya que actualmente el financiamiento de éstas corre por cuenta exclusiva de la Nación.

Otro punto que pretenden modificar desde el interior afecta a las responsabilidades, traducidas en afectación de coparticipación, de Nación y provincias, ya que según el actual proyecto, el gobierno federal tendría una afectación más laxa, que dependería del presupuesto anual, en cambio, las provincias estarían ajustadas por ley.

De todos modos, con esta carga de puntos que aún faltan acordar, el proyecto avanzará hoy en el Congreso recibiendo media sanción, aunque podría ser revisado y especificado en los puntos más conflictivos. Asimismo, la UCR tiene un proyecto alternativo en Diputados, que podría confrontar con el que llegue desde el Senado.

«Aún restan acordar detalles sustanciales como el aporte de la Nación y las provincias, y cómo afectará a las demás áreas de los gobiernos provinciales y a los municipios», argumentó la senadora Alicia Mastandrea (UCR), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara alta y representante de Chaco, provincia gobernada por el radical Roy Nikisch.

La senadora reconoció que «teniendo en cuenta que países como Suecia destinan 7,6% (del PBI) y Bolivia 6,3%, el proyecto en cuestión tiene una excelente meta propuesta», pero advirtió que «las distintas realidades provinciales obligan a tener en cuenta diferencias que la ley debe permitir establecer, para que pueda aplicarse efectivamente».

Por su parte, los senadores de la UCR -que en esta cruzada son apoyados por algunos peronistas, como Marcelo López Arias (Salta) y Silvia Gallego (La Pampa)- consideraron la semana pasada, tras reunirse con el ministro de Educación, Daniel Filmus, que es de «estricta justicia que los porcentajes se equiparen en 50 y 50». «Para la Nación significa tan poca plata que no se deberían mantener esos porcentajes», reclamaron en relación con la intención de que las provincias se hagan cargo de 60% del gasto.

El senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) pidió, además, establecer que «cuando el PBI no crezca o disminuya, la Nación deberá reponer el dinero mediante créditos para hacer frente al aumento de sueldos del personal que hoy pagan las provincias».

Por su parte, como voz de los ministros de Educación, la mendocina Ema Cunietti manifestó su preocupación acerca de que «no está claro lo que pasará con las universidades, ya que si en este reparto de 60%-40% también se incluye a este sector de la educación, se estaría ampliando la inversión de las provincias, porque hasta ahora las universidades son financiadas exclusivamente por la Nación».

«Con respecto a las metas estamos de acuerdo, pero también habría que especificar lo que respecta a la construcción de edificios y diferentes trabajos de infraestructura, que en general en las provincias corren por cuenta del presupuesto de las carteras de obras públicas», concluyó Cunietti.

Pablo Domini
Florencia Arbeleche