Contratados: eje de puja en la transición

El traspaso del poder da lugar a traumáticas experiencias en las provincias, donde el cambio incluye la despedida de los respectivos oficialismos. Se trata de un complicado proceso que, en clima hostil, encuentra como «botín de guerra» el nombramiento de nuevo personal en distintas dependencias del Estado.

En tierras chaqueñas se encuentra tal vez el más alto voltaje conflictivo. Allí, el gobernador electo, Jorge Capitanich (PJ), llegó a hablar de «golpe institucional» al referirse a la intención de la saliente administración radical de pasar a planta permanente a alrededor de 4 mil empleados públicos. «Utilizan al Estado como un botín de guerra», afirmó Capitanich, apuntando al actual gobernador, Roy Nikisch, y, además, a Angel Rozas, líder de la Alianza chaqueña y a quien derrotó en los comicios del 16 de setiembre.

La polémica sigue creciendo y, en defensa de la medida, el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dell'Orto, manifestó ayer que «los pases a planta no afectarán el Presupuesto, porque sólo hay un cambio de estatus jurídico».

En Mendoza también son radicales -aunque en este caso concertadores- los que se despiden del poder. La puja se da pese al «diálogo de caballeros» que se esfuerzan por sostener el saliente Julio Cobos y el entrante Celso Jaque, del PJ. Aquí los nombramientos polémicos no fueron hechos efectivos, pero los peronistas insisten en desconfiar.

Lugar de polémica fuerte es Tierra del Fuego, donde el gobernador Hugo Cóccaro cansó a propios y extraños con sus amenazas de renuncia tras perder los comicios de junio pasado. El conflicto afecta a la gobernadora electa, Fabiana Ríos (ARI), que mira con temor el escenario que le traslada Cóccaro. Esta semana se activó una polémica por nombramientosde personal: beneficiarios de planesde empleo reclaman al Ejecutivo «el cumplimiento de las leyes 661 y 668» para que se los incorpore a planta permanente.

Otros casos

Una situación «inversa» se da en Salta. La polémica existe luego de que el gobernador Juan Carlos Romero firmó el 29 de octubre -un día después de la derrota electoral de su vice, Walter Wayar (el resultado igualmente se dirime aún en el escrutinio definitivo)- un proyecto de ley de disciplina y transparencia fiscal que deroga la Ley de Reforma Administrativa y Emergencia Económica que rigió durante todo su gobierno. Esto se traduce, entre otros puntos, en la baja automática de todo el personal bajo contrato. A su vez, determina que el nuevo gobierno no podrá aplicar más de 50% del Presupuesto a gastos de personal.

No tardaron en surgir las quejas desde el sector de Juan Manuel Urtubey, mandatario electo según el escrutinio provisorio. Es « inaceptable», aseguró el diputado, que además prometió que va a respetar la estabilidad de los empleados que trabajen, y que «no vamos a dejar a cinco mil personas en la calle».

Otro caso para citar es Santa Fe, donde el mandatario peronista Jorge Obeid se está despidiendo con nombramientos en cargos clave. Su último paso fue proponer formalmente en la Legislatura las designaciones del diputado Mario Esquivel y del abogado Sergio Mas Varela para cubrir vacantes en el directorio del Tribunal de Cuentas provincial.

Pero lo que más molestó al socialista Hermes Binner, el electo gobernador, fueron los nombramientos de Daniel Erbetta y Agustín Bassó en la Corte Suprema y la Procuración General, respectivamente.