Crisis: activan dura emergencia laboral fueguina

Tierra del Fuego - El Poder Ejecutivo provincial dejó promulgar de hecho -por el paso del tiempo, sin vetarla- la Ley de Emergencia Laboral, por la cual se aplicarán sanciones de quita de beneficios a fábricas que despidan personal por el término de 120 días.
Mediante el decreto 2382/08, el legislador Manuel Raimbault (ARI), a cargo del Poder Ejecutivo, procedió a la promulgación de esta polémica ley, que recaerá en las industrias que, por estas horas, reclaman en cambio una serie de medidas para amortiguar los efectos de la crisis financiera mundial.
Según el diario El Sureño, si bien la normativa fue concebida especialmente para frenar despidos en el sector textil y de la industria plástica; el artículo segundo y tercero extiende la posibilidad de sancionar a las empresas de otros rubros, como el de las electrónicas, donde la incertidumbre comenzó a operar a través de la suspensión de personal y adelanto de las vacaciones en los últimos días.
La ley fue sancionada por la Legislatura provincial el 2 de octubre último y luego de transcurridos los 30 días hábiles que tiene la gobernadora arista Fabiana Ríos para vetarla o ratificarla, desde el gobierno provincial no se pronunciaron expresamente por ninguna de esas dos alternativas, por lo que el paso del tiempo obligó a su promulgación.
Algunos de los castigos que puede aplicar la provincia, en caso de que ahora las fábricas produzcan despidos de personal sin causa justificada son la retención de las correspondientes certificaciones de origen, multas y pérdida de beneficios promocionales y fiscales.
En la controvertida ley se establece que es el Ministerio de Trabajo provincial la autoridad de aplicación, y se le delega «la facultad de ampliar a otras actividades, sectores o áreas que puedan corresponder» este tipo de sanciones.
Los casos que se verifiquen en violación a esta ley de emergencia serán informados a la Comisión del Area Aduanera Especial, «a los efectos de que suspenda la emisión de los certificados de origen correspondientes a los infractores», se indica en el decreto.