Cuestión mapuche divide a Carreras y Aníbal, quien rechazó envío de fuerzas

Ministro busca salida negociada. Río Negro llevará a Justicia carta de RAM sobre ataques. Procuración provincial niega que tierras sean ancestrales.

Negociación. Aníbal Fernández se reunió con representantes del Parlamento Mapuche y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en una foto simbólica para marcar posición.

La ocupación de una comunidad mapuche en terrenos privados de El Bolsón y los posteriores ataques vandálicos en esa localidad y en Bariloche reivindicados por el grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) generaron el primer cortocircuito entre el Gobierno rionegrino de Arabela Carreras y el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández, quien negó el envío de fuerzas nacionales para contener la situación.

Dos días atrás, cuando se conoció el incendio del campamento de Vialidad provincial en Bariloche, la mandataria se comunicó con el nuevo titular de la cartera de Seguridad para solicitarle la llegada a Río Negro de efectivos federales, además de notificar que el Gobierno provincial denunciaría los ataques como actos de terrorismo, figura que prevé penas de hasta 20 años de cárcel. Para la administración de Juntos Somos Río Negro (JSRN), era una prueba para saber si con el renovado Gabinete nacional habría sintonía en relación al tratamiento de la cuestión mapuche. Carreras ya había tenido contrapuntos con Sabina Frederic por las tomas de Villa Mascardi (dependen de Nación por ser territorios de Parques Nacionales) y con Justicia se cortó el puente desde que asumió Martín Soria, principal opositor a JSRN y figura fuerte del peronismo provincial. Además, la relación con el Instituto de Asuntos Indígenas es tirante porque lo comanda otra rionegrina, Magdalena Odarda, compañera de fórmula de Soria en 2019 por el FpV en las elecciones para gobernador.

Sin embargo, la expectativa se diluyó ayer con las declaraciones de Aníbal Fernández, quien primero mencionó que el envío de agentes federales lo define un comité y que las fuerzas “no se meten en las provincias según se les antoje”. Asimismo, en declaraciones al medio Río Negro, el ministro de Seguridad señaló que si bien el diálogo con Carreras existió, no hubo un pedido de agentes, y que se enteró “por los medios”. Antes, había pedido “encontrar una mesa, que está previsto, donde se puedan sentar autoridades y los jóvenes que participan de la comunidad mapuche para hablar y encontrar una salida que satisfaga medianamente a todos”.

En la provincia, en tanto, entienden que Aníbal Fernández marcó la cancha. Y ven que las pintadas mapuches en oficinas de gendarmería que aparecieron en las últimas horas podría hacer rever la situación. “Ya no son temas solo provinciales”, dijeron desde Río Negro.

En una foto simbólica, Aníbal Fernández recibió en las últimas horas a representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Parlamento Mapuche.

La administración de Carreras seguirá el tema en la Justicia, donde presentará la carta de reivindicación de RAM sobre el ataque a la oficina de turismo de El Bolsón y el campamento de Vialidad de Río Negro. Y aguardan que esa nota tire por la borda las intenciones negociadoras del Ministerio de Seguridad. “Rechazamos cualquier salida negociada porque creemos que no están dadas las condiciones como pueblo para ello, sino que debemos seguir acumulando fuerzas en la confrontación, creciendo en experiencia combatiente y kuifi kimvn para un verdadero proceso de Liberación Nacional Mapuche”, dice el texto de RAM, donde reconoce que las acciones están ligadas a la toma de El Bolsón, en “el proceso de recuperación territorial en la zona en particular la desarrollada en Cuesta del Ternero Lof Quemquemtrew”.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro reafirmó que las tierras ocupadas son del Estado argentino y no corresponden el reclamo ancestral.

Según se informó en un comunicado “desde el año 1981 cuentan con un ocupante fiscal”; además “las personas que allí se encuentran no están privadas de su libertad” y seis pedidos de “habeas corpus ya fueron rechazados por diversos jueces”. La ocupación se realizó en un campo identificado como lote 103 y 104, y “al día de la fecha no hay documento alguno que vincule de manera ancestral esas tierras con la comunidad indígena Lof Quemquentreu”, destacó la procuración provincial.