8 de mayo 2008 - 00:00
Desesperado, Sapag adhirió a Concertación
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el federalismo. El neuquino formalizó su adhesión al núcleo político oficial luego de un encuentro con la presidente Cristina de Kirchner, en el que hablaron de la relación entre la provincia y la Nación, y también de las cenizas del volcán chileno que caen sobre Neuquén.
«Desde nuestra provincia nos sumamos a la concertación y al pacto del Bicentenario porque creemos que es momento de estrechar vínculos para encontrar mecanismos de consenso entre todos los sectores.» Más tarde, sin embargo, relativizó el carácter político del gesto, al que calificó de «hecho institucional».
Sapag tomó las riendas del Ejecutivo provincial de la mano del gobernante Movimiento Popular Neuquino, pero rápidamente marcó diferencias con su antecesor, Jorge Sobisch, al punto de anticipar que su relación con la Casa Rosada sería mejor que la que tuvo el ex candidato presidencial.
Pero la adhesión del neuquino tiene otra arista. Presionado por una grave crisis financiera que afecta a su provincia -existe un serio retardo en el pago a proveedores y contratistas del Estado- y las promesas de importantes obras públicas, además de apoyarlo en la negociación con las empresas petroleras, Sapag fue el último mandatario de la Patagonia que se sumó al Pacto del Bicentenario. Un eufemismo con que la pareja presidencial intenta alinear a propios y extraños detrás de su proyecto político con vistas a su continuidad en el poder en 2011. Sus pares, Miguel Saiz de Río Negro (UCR K), Mario Das Neves y Daniel Peralta (PJ kirchnerista) ya han acudido al reclamo del poder, dejando en soledad a la fueguina del ARI, Fabiana Ríos.
En largas tenidas con Florencio Randazzo o Juan Carlos Pessoa, el hombre de Economía puesto a negociar con las provincias, Sapag reclamó que Neuquén debería cobrar cuanto menos u$s 49 dólares por barril de petróleo y unos u$s 4/5 por millón de BTU del gas plus que se extraiga de su nuevos yacimientos, conocido como gas de arenas compactas. Sin embargo -hasta ayer- estos petitorios habían caído en saco roto porque las finanzas provinciales -es muy poco lo que dejan trascender los ministros provinciales, generalmente de muy bajo perfil- tienen un déficit de $ 425 millones anuales.
Se espera que después de esta subordinación, la Casa Rosada escuche con mayor comprensión al patagónico ya que, hasta ahora, sólo le ha concedido 50 por ciento de lo reclamado. Antes de irse Martín Lousteau, Economía autorizó un préstamo de $ 150 millones por el Plan de Asistencia Financiera Ordenada y una autorización para que la provincia pueda endeudarse por otro tanto, mediante bonos que fueron aprobados casi con desesperación, tanto por los diputados oficialistas del MPN como los de la oposición que se reportan a la Concertación UCR-PJ. Apenas unas monedas para tamaña capitulación.
Es que, hasta el momento, nada se ha dicho de los fondos para viviendas -el ministerio de Julio De Vido retiene programas federales para unas 4.000 unidades- que complican la gobernabilidad provincial e incentivan la interna del gabinete: dos de sus ministros -Jorge Tobares y Walter Jonson- recibieron sin rubor a dirigentes piqueteros que unas horas antes habían tenido como rehén al subsecretario de la Vivienda, Herminio Balda. Además, como un gris trasfondo de esa escenografía apareció la figura del ex gobernador So-
bisch, negando a través de su ex ministro de Economía Claudio Silvestrini, los números de Sapag y amenazando con enturbiar el rumbo del gobierno.




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