El fiscal de Estado de Santa Cruz, Pablo González, preparaba ayer el informe detallado sobre los activos provinciales expatriados, cuya publicidad fue exigida por la Justicia provincial, en un fallo del 15 de setiembre pasado que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el senador nacional Carlos Prades, titular de la UCR santacruceña.
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El plazo que la Justicia dio a la administración de Sergio Acevedo concluye hoy, y González defendió la situación del gobierno asegurando, a través de un comunicado, que «no es la primera vez que existe una causa judicial donde se solicita información a la provincia sobre la existencia e integridad de los fondos depositados en el exterior», lo cual había sucedido por lo menos en cinco oportunidades (la primera de ellas en 1996).
La polémica por los fondos de Santa Cruz colocados en el exterior durante la «década kirchnerista» se centra en que el radicalismo -respaldado por varios opositores al gobierno, como Ricardo López Murphy- asegura que los mismos suman unos $ 1.200 millones, en tanto que el Tribunal de Cuentas local -dominado por el oficialismo- emitió un dictamen en julio pasado declarando que la provincia tiene depositados actualmente en el extranjero $ 507 millones; a la vez que no suministró dato alguno sobre el curso que siguió este dinero entre 1993 y 2003.
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