Efecto Botnia: mineras en alerta por ambientalistas

El llamado de atención formulado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) surge a consecuencia de cambios operados durante los últimos meses en varias provincias, en las que las legislaturas modificaron normas referidas al sector minero a partir de reclamos formulados por asociaciones ambientalistas y pobladores por los presuntos daños que pueden producir en el medio ambiente.
En la mayoría de estos casos, la mirada está puesta principalmente contra la minería a cielo abierto, a base de cianuro (lixiviación), la cual es acusada de ser altamente contaminante. Este escenario se potenció luego de que tomara estado público la embestida de los ambientalistas entrerrianos contra la instalación de la pastera Botnia en Uruguay, que generó un enfrentamiento diplomático con la Argentina.
Mediante un comunicado emitido ayer, los empresarios mineros dieron cuenta de la necesidad «de llamar la atención de todos los sectores gubernamentales a nivel nacional y provinciales» relacionados con la actividad «como autoridad de aplicación de leyes y normas ambientales claras».
 Defensa
Según la CAEM, esta situación se produce a pesar de que la minería, «es la única industria argentina que cuenta con una Ley Ambiental específica que la coloca a la vanguardia del manejo ambiental entre todos los sectores productivos nacionales».
En este sentido, los empresarios argumentan que «la minería genera hoy en la Argentina 170.000 puestos de trabajo genuinos entre empleo directo e indirecto»; y que, además, «es una actividad que en 2007 producirá minerales por u$s 3.453 millones e invertirá u$s 2.900 millones».
El propio secretario de Minería nacional, Jorge Mayoral, afirmó que este año se realizarán inversiones por $ 12 mil millones en el sector minero y que esto redundará en 10 mil nuevos empleos directos y casi 27 mil indirectos.
Dos casos testigos de polémicas en torno a la actividad minera se dan actualmente en La Rioja y Mendoza. En el primero de estos distritos, la empresa Barrick Gold se encuentra en medio de un fuerte litigio con pobladores de la zona del cerro Famatina, en Chilecito. Ante los constantes cortes de rutas y protestas, la firma canadiense comunicó su retirada de la provincia, aunque la salida aún no se hizo efectiva.
En tanto, el gobernador interino, Luis Beder Herrera, desplazó días atrás del cargo al secretario de Minería de la provincia, Abel Nonino, luego de que el funcionario radicara una denuncia penal contra un grupo de ambientalistas de Chilecito. Por su parte, en Mendoza está en discusión una ley -postergada esta semana en la Legislatura- que obligará a la presentación de un plan ambiental y a mayores restricciones para la actividad minera.
Los problemas en la provincia, gobernada por el radical K Julio Cobos, se dan, justamente, a causa de un artículo del proyecto que «prohibe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método».