Elección misionera llegó ahora a Corte

Es que por esa resolución el gobierno de Carlos Rovira -que tiene a su favor un fallo del Tribunal Electoral- planteó ya ante el máximo tribunal provincial la existencia de un nuevo conflicto de poderes, y la supuesta incompetencia del magistrado.La sentencia en contra de los comicios en enero pertenece al juez penal de la ciudad de Apóstoles, José Reyes. La resolución hizo lugar a un amparo presentado por la conducción partidaria del Movimiento de Acción Popular (MAP), liderado por el diputado Jorge Galeano, que alegó que en los decretos que convocan a elecciones existen «omisiones legales que violan el debido proceso conforme el artículo 46 de la Ley 2.562», y no se respetan los plazos de convocatoria.
El magistrado ordenó también la suspensión de «todos los efectos derivados» de los decretos 730 y 984/’4 de convocatoria a elecciones internas de los partidos, confederaciones, alianzas y frentes para la nominación de candidatos, que estaban previstos para el 21 de noviembre.
Para el ministro de Gobierno provincial, Miguel Angel Iturrieta, la medida cautelar es «incomprensible e improcedente». En ese marco, el funcionario confirmó que el Ejecutivo recurrirá al Superior Tribunal de Justicia para que determine la legalidad o no del llamado a elecciones para el 30 de enero de 2005, avanzada que finalmente ocurrió.
Para el funcionario, en la oposición «hay un estado de pánico» por ir a las urnas. Además consideró que el magistrado de Apóstoles no tendría competencia para intervenir en el asunto porque «se tendría que haber apelado directamente ante el Superior tribunal de Justicia».
En los próximos comicios generales se debe elegir en Misiones a tres senadores nacionales, tres diputados nacionales y quince legisladores provinciales.
El tironeo judicial se inscribe en el tenso enfrentamiento el gobierno de Rovira (Frente Renovador) y la oposición (liderada por el PJ y la UCR oficiales), desde la reelección del primero el pasado 28 de setiembre por fuera del PJ.
Además de la pelea en la Justicia por la fecha de elecciones, la avanzada opositora incluyó el pasado jueves -en nombre de «la representatividad política»- la sanción de una ley por la cual la Legislatura volverá a tener 40 diputados, en lugar de los 30 que se habían acordado en la reforma política de 2002, a contramano de las banderas del ahorro político.
Hasta el pasado jueves, y de acuerdo con la reforma política sancionada en 2002, el electorado misionero debía elegir a 15 diputados, a pesar de que vence el mandato de 20 legisladores, para completar así a la reducción de 25% de las bancas iniciada en las elecciones pasadas.