Embargan cuentas por $ 11 millones

El juez ordenó además que, en un plazo de 48 horas, el Ejecutivo mendocino liquide la indexación salarial de los períodos entre julio de 2002 y setiembre de 2004, y pagarlos a partir de noviembre inclusive.El reclamo de los jueces se apoya en un convenio de indexación salarial rubricado en 1986 durante la gobernación del radical Felipe Llaver, y se estima que a cada magistrado demandante le correspondería cobrar alrededor de $ 50 mil.
El gobierno mendocino, mediante una gestión realizada por el propio gobernador Julio Cobos, había presentado el lunes último un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz del pedido de embargo presentado por Cuervo. Pero la Suprema Corte de Justicia mendocina consideró ayer en una acordada que «resulta institucionalmente inconveniente que un tema que el artículo 122 de la Constitución nacional reserva a las provincias sea resuelto por autoridades extrañas a la provincia de Mendoza».