Envían gendarmes para desalojar la planta tomada en Santa Cruz

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Nación que conduce Alberto Iribarne, el gobierno provincial «pidió colaboración a Nación para acompañar la labor de la Policía provincial en lo que se refiere a delimitar el accionar» de los activistas. Sin embargo, la misma fuente admitió que las fuerzas nacionales también acompañarían a la Policía santacruceña en el caso de que la Justicia ordene el desalojo. El episodio tiene impacto además en el nivel nacional porque se trata de la primera toma grave de una empresa privada, y nada menos que en la provincia natal de Néstor Kirchner, luego de que el gobierno nacional anunciara que asumirá una actitud disuasiva para evitar el copamiento de edificios públicos y empresas.
En este escenario, el juez de Instrucción Penal de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, analizaba ayer la posibilidad de desalojar la planta, luego de la presentación realizada por Termap. Altas fuentes de ese juzgado le confirmaron a este diario que ayer libraron un pedido de informes a una dependencia provincial para que defina la posibilidad técnica de concretar un desalojo por la fuerza del lugar, habida cuenta de la extrema peligrosidad que representan los tanques de petróleo. Recién después Bailaque definirá si ordena o no el desalojo, mientras pide además declaraciones testimoniales y activa la verificación de identidades.
Precisamente ayer directivos de Termap pidieron al magistrado «el auxilio de la autoridad para restablecer las operaciones y la seguridad del almacenamiento y embarque de petróleo crudo». Además salieron a negar supuestos enfrentamientos entre gendarmes y activistas.
En este marco, ayer se agravó la toma cuando un grupo de los desocupados, que se niegan a dialogar con el gobierno provincial, se subió a los tanques con bombas molotov (ver aparte). La situación es más que preocupante, ya que los activistas violentaron el miércoles los «sistemas críticos de seguridad» y dejaron a la planta marítima a expensas de desastres como incendios o derrame de crudo en el Golfo San Jorge.
La playa es un punto clave en el circuito de producción hidrocarburífera de la región, ya que por ahí es derivado a los buques todo el petróleo extraído del norte santacruceño por empresas como Repsol YPF, Pan American Energy o Vintage Oil.
Ayer, el malestar entre los empresarios era ostensible, ya que creen que «no es un conflicto gremial, sino de gente extraña a la provincia que entra en instalaciones ajenas» y genera un conflicto «donde es el Estado el que debe arbitrar una solución».
«El gobierno nacional y el provincial están en una situación expectante, cuando nosotros queremos saber si tienen una decisión tomada, y si están dispuestos a facilitar la normalización de la situación», disparó una fuente empresarial del sector. En la otra vereda, el Ejecutivo que conduce Acevedo optó por el silencio de radio.
Por esta toma, está paralizada desde el lunes por la noche la salida del crudo hacia los barcos, por lo que las empresas ya disminuyeron el ritmo de bombeo de los pozos, con el consecuente impacto económico (que sufrirá también la provincia, por la pérdida de regalías). Los activistas justificaron la amenaza de tomar medidas «más drásticas» en el cortocircuito comunicacional con las empresas. Horas antes se había desatado otro incidente, cuando exigieron que se retirara un buque tanque bajo la amenaza de «volar la playa de tanques».