Así lo confirmó ayer en declaraciones periodísticas el ministro de Relaciones Institucionales, Sergio Freixes. La Legislatura provincial sancionó en abril último la ley de consulta popular luego que Rodríguez Saá planteara la necesidad de que los puntanos se expidieran sobre la vigencia del plan a raíz de los cuestionamientos de la oposición política provincial y sectores como la clase media. Así fue que en el pico de las protestas contra Rodríguez Saá, cuando la Multisectorial opositora enarboló la intervención federal y empezó a exigir su renuncia, el propio gobernador dobló la apuesta al llamar a las urnas. Desde algunos sectores, incluso desde la misma oposición, se entiende que Rodríguez Saá busca revalidar títulos. El resultado tendrá un efecto político determinante: de ganar el «no», el gobernador quedaría en un delicada posición, pero de imponerse el «sí» quedarán sepultados todos los argumentos sobre los que cabalga la oposición. El arco opositor en pleno rechaza la consulta -obligatoria y de carácter vinculante- y tiene prácticamente decidido asumir campaña por la «abstención».
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