Fracasó sesión para intervenir la Justicia

Por su parte, el bloque del PJ decidió no bajar al recinto, en tanto que fuentes del sector señalaron que «seguimos esperando una señal clara del Poder Ejecutivo» sobre la decisión de intervenir o no el Poder Judicial santiagueño. En tanto, el diputado provincial del PJ Carlos Anauate se presentó ayer a la mañana espontáneamente en el juzgado de La Banda, a raíz de la orden de detención que pesaba sobre él en el marco de las investigaciones por el denominado doble crimen de La Dársena. La orden de detención había sido librada el martes por la jueza de La Banda María del Carmen Bravo, bajo las acusaciones de asociación ilícita y encubrimiento agravado en el caso de las jóvenes asesinadas Leila Nazar y Patricia Villalba.La magistrada también dispuso la aprehensión del ex juez Mario Castillo Solá, por mal desempeño de sus funciones, prevaricato y encubrimiento agravado, quien también se entregó en las últimas horas, con lo cual suman diez los detenidos por el caso.
Con 66 representantes presentes, la sesión en Diputados se limitó a una expresión de los opositores sobre la situación de los derechos humanos en la provincia. La diputada del ARI Marcela Bordenave se refirió extensamente al informe que presentaron los secretarios de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y de Justicia, Pablo Lanusse, en la comisión respectiva sobre la situación en la provincia, donde remarcaron que allí existe un clima de «impunidad» y violación de las garantías individuales.
En ese sentido, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, preguntó si ese informe llevaba la firma de los funcionarios, a lo que Bordenave respondió en forma negativa.
A su vez, los radicales Horacio Pernasetti y Leopoldo Moreau dijeron que «recién se llegó a aducir que el informe que trajeron ayer dos funcionarios (Duhalde y Lanusse) no podía ser considerado porque no tenía firmas», y añadieron que «es un justificativo ridículo».
El informe de la Secretaría de Derechos Humanos asegura que «el principal sostén de la situación de impunidad en Santiago del Estero es el Poder Judicial», por lo que recomiendan propiciar en el Congreso su intervención. Y afirman que el otro «sostén» es la policía local.
La mecánica sugerida apunta a colocar a ese poder «en comisión», con «capacidad para remover aquellos magistrados que fuere necesario y designar en igual carácter sus reemplazantes dentro de los abogados ejercientes en el ámbito provincial».
El interventor -sugieren- tendría facultades para «organizar la Policía Judicial» -contando con la Policía Federal y la Gendarmería Nacional- y para remitir en 30 días sus sugerencias» al gobierno local para reestructurar la Policía.