Es el primer paso a favor de Cobos luego de que el Ejecutivo interpusiera un recurso de inconstitucionalidad ante la demanda de los magistrados que pretenden la actualización salarial según el ritmo inflacionario definido en un convenio de 1986.
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La medida del tribunal de conjueces fue festejada en Casa de Gobierno mientras sorprendió a quienes en Tribunales apostaban a que este episodio sería un nuevo revés para los argumentos oficiales.
Por otra parte, la medida judicial tomada establece que el pedido de ejecución del aumento salarial no reviste «urgencia» para los demandantes. De esta manera, se le dio una señal positiva a Cobos que quiere evitar más embargos.
Lo primero que determinó el trío de conjueces -Emilio Vázquez Viera, Gustavo Campoy Julio Cobos y Eduardo Pithod- es aceptar analizar la apelación del gobierno al dictamen del conjuez Luis Cuervo, quien convalidó la presentación de los magistrados que quieren ser sumados al contrato que hace 18 años firmó el entonces gobernador Felipe Llaver con los jueces que reclamaron en defensa de la intangibilidad de sus remuneraciones.
Ahora son en total 180 los funcionarios, entre jueces, fiscales y defensores oficiales, que reclaman por la indexación salarial. Uno de los argumentos de Cobos contra la resolución de Cuervo es que los judiciales en cuestión cobran actualmente entre 2.300 y 7.000 pesos por mes.
En rigor, tomando toda la planta de magistrados, 311 jueces, una actualización de salarios demandaría unos 7 millones de pesos más mientras el presupuesto en este rubro es de 19 millones anuales.
En el gobierno, sin embargo, son cautos respecto de lo que ocurrirá con esta causa judicial. Por lo pronto, les trajo alivio que no sufrirán más embargos.
Políticamente, la administración provincial considera la cuestión de suma importancia ya que se trata del primer choque de peso interpoderes que vive Cobos desde que asumió.
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