Gobernadores quieren que la Nación los ayude como a Bs.As.

El gobierno del cordobés José Manuel de la Sota prefirió ayer cargar toda la culpa sobre Nación acerca de la ola criminal. El ministro de Seguridad, Carlos Alessandri, aseguró ayer que el gobierno nacional «no tiene una política en la materia» y consideró que el titular de Justicia, Gustavo Béliz, está «muy flojo de reflejos».Además, Alessandri sostuvo que «de nada vale saturar el conurbano bonaerense con hombres y todo lo que la Nación le puede ofrecer, tal como logística y recursos materiales, ya que a raíz de tanta presión podrían exportar delincuentes hacia otras provincias».
De todas formas, aclaró que la gestión de De la Sota estará «preparada ante las eventuales consecuencias que tendría la aplicación de este plan en el conurbano y la Capital Federal».
Por otra parte, consideró «justo y necesario que se convoque al Consejo de Seguridad Interior para diseñar una política de seguridad que sea integral, abarcativa, federal y que nos contemple a todos», una iniciativa que aún está en estudio en la Casa Rosada.
No es el único distrito donde se trabaja contra reloj para detener la ola delictiva. Veamos:
SANTA FE
En los despachos de la gobernación que conduce Jorge Obeid, cuando escucharon que en el Congreso de la Nación trabajaba sobre el incremento de las penas a los delincuentes, se tomaron de la cabeza.
«Con el derecho penal vigente tenemos una situación crítica en las cárceles. Cuando se aprueben las nuevas normas va a ser más crítica aún», señaló el subsecretario de Seguridad provincial, Alejandro Rossi. Lo primero que pensó, entonces, junto al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el hijo de éste, el titular del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Fernando Rosúa, fue pedirle al Ejército instalaciones para atender la superpoblación carcelaria. Después de todo, en esa sintonía se encuentra el gobierno nacional en su intención de ayudar -vía apoyo logístico del Ejército- a la convulsionada provincia de Bs. As. que administra Felipe Solá.
Pero Santa Fe no tuvo la misma suerte. Ayer el comandante del II Cuerpo del Ejército, Roberto Adrián Brinzoni, negó al gobierno provincial la posibilidad de que los presos alojados en dependencias policiales puedan ser trasladados a edificios pertenecientes a esa fuerza.
Ante la negativa del titular del Ejército, el ministro de Gobierno santafesino adelantó que intentará reunirse con el ministro de Defensa nacional, José Pampuro, para ver si se puede destinar a tales efectos una parte de la ex fábrica militar de Fray Luis Beltrán.
Según el funcionario de Obeid, se trata de alojar transitoriamente un número «manejable» de detenidos que en 2005 podrán ser instalados en seis nuevas alcaidías.
De hecho, el llamado a licitación para la realización de la de Rosario, la primera, se conocería esta semana, según informó el ministro.
MENDOZA
Ayer, el gobernador Julio Cobos, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia local, Jorge Nanclares, acordaron avanzar en el corto plazo en una reforma del Código Procesal Penal para agilizar los trámites de las denuncias.
La iniciativa, que se estudia también en otras provincias, comenzaría a aplicarse como prueba piloto en la capital y Gran Mendoza, donde es más crítica la presencia de delincuentes.
La problemática de la seguridad llevó ayer a los 18 intendentes de la provincia a reunirse con la comisión bicameral de la Legislatura para analizar una salida a la situación.
No es simple ya que, aunque se quieren construir nuevas cárceles, como la proyectada en Luján, la intendencia se opone ya que prefiere la tranquilidad del distrito a la contratación de empleados para las obras.
Por otra parte, se dificulta para la provincia el acceso a los elementos para equipar a la Policía ya que en las licitaciones los precios resultan demasiado elevados.
TUCUMAN
En el Noroeste también comenzaron a tomarse medidas. El gobernador tucumano, José Alperovich, acordó con los vocales de la Suprema Corte local una serie de reformas.
c Los controles policiales camineros de la provincia contarán con una base de datos para poder saber quién entra y quién sale de la provincia.
c Se requerirá a la Nación sistemas informáticos para identificar huellas dactilares.
c Se crearían tres fiscalías de Instrucción más en San Miguel de Tucumán y una en Concepción.
c Se modificaría el Código de Procedimiento Penal para limitar a 10 días la etapa instructora en la investigación.
RIO NEGRO
La Patagonia tampoco quedó ajena a la inseguridad. El subsecretario de Seguridad rionegrino, Juan Carlos Vallés, confirmó que su área tendrá un incremento de 20 por ciento en el Presupuesto 2004.
«El talón de Aquiles que tienen las fuerzas de seguridad es el equipamiento y el personal», reconoció el funcionario indicando hacia dónde apuntará los fondos.
Anunció que están en marcha licitaciones para adquirir 150 patrulleros, 40 motocicletas, chalecos antibalas, equipos de comunicaciones, armamento y municiones. Por otra parte, Vallés aseguró que este año egresarán 240 efectivos de la Escuela de Policía en comparación con los 80 agentes que se promocionan anualmente.
TIERRA DEL FUEGO
La preocupación por los delitos también afecta a los ciudadanos de Río Grande. Para defenderse, y ante el temor de represalias por parte de patotas, varios vecinos decidieron armarse. La decisión preocupa a las autoridades provinciales, que en las últimas horas comenzaron a diseñar un plan tendiente a frenar la avanzada de la inseguridad.